Formulan pliego de cargos contra Yumbo Limpio por cartelización del servicio de aseo
El ente regulado podrá imponer multas hasta por 100.000 salarios mínimos por cada infracción al régimen de libre competencia
10 de noviembre de 2021
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Andrés Barreto González, formuló pliego de cargos contra Yumbo Limpio S.A.S., su representante legal para la época de los hechos (2016 – 2019), Christian Benítez Parra y contra la Alcaldía Municipal de Yumbo, Valle del Cauca encabezada actualmente por Carlos Alberto Bejarano, quienes habrían adelantado una serie de prácticas destinadas a impedir el ingreso y limitar la competencia en igualdad de condiciones de otros prestadores interesados en el servicio de aseo en el municipio.
Según dio a conocer el ente regulador, la Alcaldía y Yumbo Limpio habrían realizado varias gestiones encaminadas a favorecer a esta última para la prestación del servicio público de aseo en el municipio.
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Dichas gestiones incluirían la asignación irregular de los Contratos de Condiciones Uniformes y la entrega de la totalidad del catastro de usuarios del servicio del municipio para que se realizara la facturación conjunta exclusivamente a su favor.
Esto pese a que había iniciado un esquema de prestación bajo la modalidad de libre competencia gracias a la finalización del Área de Servicio Exclusivo que estuvo vigente de 2011 a 2019.
"Con estas conductas, se habría afectado la libertad de concurrencia de otras empresas interesadas en la prestación del servicio público de aseo en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Igualmente, se habría vulnerado gravemente la libertad de elección de los usuarios al no respetar las vinculaciones de estos a otras empresas prestadores del servicio y al imponerles cobros por servicios no prestados, entre otros", se lee en el documento.
Por ahora se conoce que la SIC podrá imponer multas hasta por 100.000 Smlmv por cada infracción al régimen de libre competencia a los agentes del mercado y a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas, hasta 2.000 por cada infracción.
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