Fuentes de financiación del Acuerdo de Paz ejecutaron menos recursos de lo estipulado

El cuarto informe de seguimiento de la Contraloría General de la República a los recursos destinados para el posconflicto, entregado por este organismo de control al Congreso al inicio de sus sesiones ordinarias, arrojó conclusiones relacionadas con inversión y política pública.

Según la entidad, excepto lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), las demás fuentes de financiación previstas para el Acuerdo Final programaron y ejecutaron recursos menores a lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018 durante las vigencias 2019 y 2020, lo que podría retrasar la ejecución de la implementación del AF.

Otra de las conclusiones del análisis realizado para este informe, basado en las respuestas del Gobierno Nacional, es que: se aprecia una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 sin tener en cuenta que el punto 1 (Reforma Rural Integral) es el que más supone inversiones de acuerdo al Plan Marco de Implementación.

Prevalece el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para el cumplimiento del AF, debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, sostiene el informe de la CGR.

Por otro lado, el informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del SGP, por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Plan Plurianual de Inversiones PPI de Paz del PND 2018-2022. "Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del AF", dice el informe.

Para la Contraloría, se puede presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017, la CGR identifica un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones.

Asimismo, debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, se puede presentar el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del Acuerdo Final.

También, la entidad indicó que se advierten demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de Programas y Proyectos con fines Reincorporación, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017. 3. Para la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020, "no se encontró evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de Reincorporación".

La Contraloría reiteró el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito).

Por lo tanto, evidenció ausencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación electoral. También se menciona un riesgo de sostenibilidad financiera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pese a que se mantienen los compromisos con 82.240 familias del Programa.