Gobierno garantizó los recursos para las primeras sanciones del Tribunal para la Paz

El 22 de abril de 2025, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, firmó un memorando de entendimiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. El propósito de este acuerdo es garantizar la financiación de los primeros proyectos restaurativos que surgen de las sanciones impuestas por el Tribunal para la Paz. Estos proyectos estarán dirigidos a los comparecientes de las Farc-EP y a miembros de la fuerza pública que han admitido su responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El acuerdo establece la creación de una subcuenta llamada "Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN" dentro del Fondo Colombia en Paz. Esta subcuenta contará con un presupuesto inicial de $50.000 millones, destinados a financiar iniciativas relacionadas con dos casos que están en etapa de juicio: el Caso 01, que se refiere a secuestros, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas que se presentaron como bajas en combate.

Además, el memorando incluye la formación de mesas de trabajo para definir lineamientos técnicos y operativos que faciliten la implementación de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos. Estas acciones tienen como objetivo reparar los daños causados a las víctimas y comunidades afectadas, con un enfoque en la memoria histórica, la reparación simbólica, la búsqueda de desaparecidos, la educación y el medio ambiente, entre otros.

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Durante la firma del acuerdo, el presidente Petro destacó la relevancia de la JEP en la revelación de hechos que algunos sectores prefieren mantener en la sombra. También mencionó los desafíos que aún quedan por resolver del Acuerdo de Paz, como la entrega de tierras para la Reforma Agraria y las garantías de seguridad para quienes firmaron. Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, subrayó que el acuerdo evita "sentencias de papel" y asegura que las decisiones judiciales tengan un impacto real en los territorios.