Gobierno Nacional pagó indemnizaciones por $1,4 billones a víctimas del conflicto

A través de la Unidad para las Víctimas, el Gobierno Nacional concretó 163.314 indemnizaciones administrativas a víctimas del conflicto armado, por $1,4 billones en 2023. La entidad destacó que con esta cifra superó la meta anual de 105.000 indemnizaciones administrativas y proyecta llegar a indemnizar a 600.000 víctimas en el cuatrienio.

“Quiero resaltar los 163.314 giros de indemnización por vía administrativa que dispusimos ese año, un resultado histórico que no solamente supera la meta del Plan Nacional de Desarrollo y la meta del Plan de Acción, sino que rompe todos los registros que la entidad había logrado desde su existencia”, dijo la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien agregó que estos giros incluyeron indemnizaciones a 143.602 personas nuevas.

Con relación a las indemnizaciones judiciales, en cumplimiento de sentencias de la Ley de Justicia y Paz, se realizaron 4.939 giros a 4.234 víctimas, lo que representa una ejecución presupuestal de $142.157 millones.

Según la directora de la Unidad, para avanzar en el pago de estas indemnizaciones fue clave la transformación del Fondo para la Reparación a las Víctimas, mediante un saneamiento interno que derivó en una monetización de bienes del paramilitarismo por más de $28.000 millones. Esta cifra superó la alcanzada en la última década, cuando el cual el Fondo monetizó $17.000 millones.

La funcionaria resaltó, además, que en 2024 la entidad tendrá un presupuesto de $4,4 billones, superior a los $2,7 billones de pesos de 2023. De este total, $3,4 billones serán para procesos de reparación.

En reparaciones colectivas, destacó que la llegada a territorios como el resguardo Tahamí del Alto Andágueda en el municipio de Bagadó (Chocó); las comunidades del pueblo Nukak, en Guaviare, y el área no municipalizada de La Chorrera (Amazonas).

Los habitantes de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) recibieron 681 cartas de indemnización judicial y el pueblo raizal de San Andrés y Providencia fue notificado como Sujeto de Reparación Colectiva. Asimismo, incluyó entre sus logros los diálogos políticos con autoridades indígenas de los resguardos de San Lorenzo, Escopetera Pirza y Cañamomo y Lomaprieta (Caldas) y con la Minga del departamento de Putumayo, sobre la reparación colectiva.