“La COP16 generará una proliferación de normas para entender y proteger la biodiversidad"

Una de las mujeres destacadas en Holland & Knight es Margarita Solorza, quien The Legal 500 Awards destacó como abogada “estrella en ascenso”. Su expertise son los temas ambientales y de energía. Sus más de 15 años de experiencia en el área de recursos naturales, especialmente en derecho ambiental, le dan suficiente peso para hablar de los retos que trae este año en este sector.

¿Cuáles son los tres principales desafíos legales en 2024?

En primer lugar, hay un reto importante de cara a la innovación en la prestación de servicios jurídicos debido a la inteligencia artificial. Eso supone que el mercado legal sea adaptable y cambiante conforme a lo que demanden nuestros clientes, con el fin de evidenciar la propuesta de valor de la asesoría jurídica.

En segundo lugar, el constante cambio normativo, genera una inseguridad jurídica que obliga a ser más rigurosos para viabilizar los proyectos conforme al marco normativo ambiental vigente. Será esencial que el mercado legal acompañe al sector empresarial en esos cambios normativos, para entender las implicaciones y limitaciones que los mismos pueden llegar a imponer al desarrollo de actividades necesarias para la sostenibilidad económica y ambiental del país.

En tercer lugar, la conflictividad social y territorial que enfrenta Colombia bajo el escenario político actual, sin duda representa un reto de cara a las autoridades regionales y locales, lo cual requiere un enfoque preventivo y no posterior. En dicho caso es esencial, estar en la capacidad de ofrecer al mercado asesoría estratégica que comprenda la realidad operacional del día a día, basada en una robusta base jurídica.

¿Cuál es el principal desafío en el área ambiental?

Los principales desafíos en el mercado legal colombiano van dirigidos a ofrecer asesoramiento estratégico integral que se adapte a las múltiples leyes y regulaciones que bajo el contexto político y social actual del país buscan priorizar y proteger el desarrollo sostenible y económico.

El derecho ambiental es un área del derecho transversal que cada vez reviste más importancia pues incide en aspectos contractuales, tributarios, litigiosos, penales, de fusiones y adquisiciones, de Project Finance, entre otros y es un área de derecho que requiere criterio jurídico riguroso y entendimiento de las dinámicas puntuales de cada proyecto o actividad, de su realidad operacional, con el fin de viabilizar los proyectos respetando la normatividad ambiental vigente y la protección de un derecho esencial para todos como es el goce a un medio ambiente sano.

En adición, creo que la COP16 de biodiversidad que se llevará a cabo este año en el país, va a generar una proliferación de normas para entender y proteger la biodiversidad con instrumentos ambientales adicionales a los existentes o estableciendo esquemas de protección adicional a ecosistemas estratégicos, que se pueden ver impactados por el desarrollo de proyectos y que a la fecha no cuentan con esquemas de compensación para componentes abióticos o socioeconómicos.

¿Deben regularse o reestructurarse las consultas previas de los proyectos?

La ley estatutaria de consulta previa se encuentra pendiente hace muchos años en el país. La falta de un marco legal claro ha hecho que los desarrollos en esta materia hayan sido producto de la jurisprudencia, con las implicaciones e impactos que ello conlleva para el desarrollo de los proyectos. Por ello, la consulta previa debería contar con un marco jurídico claro que garantice el derecho fundamental de consulta previa de las comunidades étnicas y afrodescendientes, así como de los proyectos que son esenciales para el país.

Las reglas de juego cambian constantemente en el país ¿esa inseguridad jurídica perjudica?

Sin duda, la inseguridad jurídica en cualquier ordenamiento jurídico genera inestabilidad y nerviosismo para los inversionistas nacionales y extranjeros. En el país se ha evidenciado, de cara a la transición energética, que el cambio constante del ordenamiento jurídico no solo afecta la inversión económica, sino la perdurabilidad de proyectos que son esenciales para la seguridad fiscal y la soberanía energética.

Los empresarios del sector energético se quejan de dos cosas: muchas normas y vacíos legales ¿Ese panorama es el real?

Sí. Desde el punto de vista legal ambiental, la ley se queda cada vez más corta para abordar las dinámicas y la innovación que suponen múltiples proyectos como es el caso, por ejemplo, del hidrógeno, donde a la fecha no es claro el instrumento de manejo ambiental que sería aplicable a dicha actividad.

Dependiendo del proyecto, obra o actividad de que se trate puede estar sujeto a múltiples autoridades regionales o locales, lo cual supone múltiples interpretaciones de cara a la ley, precedentes y aproximaciones. En la práctica, bajo el principio de rigor subsidiario, múltiples autoridades ambientales han establecido estándares más rigurosos a nivel regional o local, que puede conllevar para un empresa con establecimientos en múltiples jurisdicciones a tener cargas y a cumplir con obligaciones ambientales de manera diferente a lo establecido, lo cual genera inseguridad jurídica.

¿Qué analiza de la propuesta de ley de servicios públicos que le daría superpoderes a Petro?

Desde el punto de vista legal ambiental, el proyecto de ley plantea como parte de los principios rectores de los servicios públicos, el principio de prevención y precaución, los cuales ya se encuentran desarrolladas por la Ley 99 de 1993 y han sido objeto de desarrollo jurisprudencial. Una de las principales preocupaciones alrededor de dichos principios es la interpretación que entidades administrativas y judiciales le han dado para la toma de determinaciones que limitan e inviabilizan proyectos y que pueden verse como decisiones arbitrarias o caprichosas de cara a los requisitos legales y jurisprudenciales.

Por ende, la inclusión de principios como el de precaución en este tipo de normas, cuando ya han sido desarrolladas en otras, desde el punto de vista legal ambiental, complejiza su aplicación en la práctica y amplía su margen de acción, lo cual no necesariamente implica una protección al goce a un ambiente sano, sino que representa complejidades de cara a su aplicación, así como la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos.