Con motivo de los comicios de octubre, comenzó a operar la Ley de Garantías, esta disposición en la que se establece que no se pueden adelantar contratos públicos hasta que concluya la etapa electoral.
Esta prohibición fue creada para evitar que se utilice el patrimonio público como fortín político para conseguir apoyo electoral.
Es pertinente aclarar que esta prohibición de contratación recae para temas en las plantas de personal de las entidades, como para el inicio de grandes obras.
En caso de que se celebre alguna contratación pública los contratos podrán ser declarados nulos y los funcionarios podrían recibir una sanción disciplinaria dolosa.
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Hasta el momento, el proyecto fue recibido positivamente por las bancadas del Pacto Histórico, un sector del Partido de la U, como también del liberalismo
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