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Judicial

La implementación de los Acuerdos de La Habana podría tomar 26 años según la Contraloría General

El ente encontró falta de lineamientos para el uso de recursos y deficiencias con la ejecución fiscal del Ocad Paz

05 de agosto de 2021

Cristian Acosta Argote

cacosta@larepublica.com.co

Colprensa
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La Contraloría General de la República, dirigida por Carlos Felipe Córdoba, reveló que la implementación del Acuerdo de Paz se alcanzará solo en 26 años. Así lo determinó el V Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz.

El ente de control afirmó que existe un riesgo de desfinanciación a la implementación por “falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones”. Además, se encontraron algunas deficiencias en materia fiscal con relación a la planeación y ejecución de los recursos del Ocad Paz.

“Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación.

En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”, dijo la Contraloría sobre el hallazgo.

Según el informe del organismo, hay rezagos en el plan presupuestal de los Acuerdos, pues en 2017 y 2018 hubo un retraso por $8 billones; entre los años 2019 y 2020 el rezago corresponde a $4 billones; y, finalmente, durante 2021, se identificaron $3 billones en términos de retraso del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La Contraloría añadió que hay avances y obstáculos en los seis puntos del Acuerdo de Paz: I. reforma rural integral; II. participación política; III. fin del conflicto; IV. solución al problema de las drogas Ilícitas; V. acuerdo sobre las víctimas; y VI. mecanismos de implementación y verificación.

El ente de control aseguró que los riesgos principales obedecen a la falta de lineamientos para el uso de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, además de un desbalance en la ejecución de los puntos principales pactados en los acuerdos, tal como apuestas estructurales y cronogramas a implementar.

Uno de los ejemplos que dio la Contraloría sobre las deficiencias, es que mientras el punto de Educación Rural concentra 24% de la ejecución acumulada para este año, otros pilares como ordenamiento de la propiedad solo concentra 3% de los recursos presupuestales.

“En relación a la ejecución de los recursos del Ocad Paz, se materializan riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones”, agregó la Contraloría en su informe.

El descuido de los encargados de la implementación de los recursos con relación de proyectos de inversión fue otro de los problemas encontrados. Las falencias van desde deficiencias en la planeación y ejecución de recursos hasta la aprobación de proyectos en regiones que no están priorizadas.
La Contraloría encontró que el sector de infraestructura vial cuenta “con 31 hallazgos administrativos, de los cuales 23 son de connotación fiscal, por un valor de $11.073 millones, y 29 tienen presunta incidencia disciplinaria, culminó la Auditoria de Cumplimiento”.

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