Imputan el delito de pánico económico al presidente de Acdac, Jaime Alberto Hernández

Ante la Juez 21 con función de Control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de pánico económico a Jaime Alberto Hernández Sierra, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), por las declaraciones que entregó en un medio de comunicación, luego de la tragedia del equipo de fútbol Chapecoense.

En medio de la diligencia judicial, la delegada de la Fiscalía aseguró que el llamado de imputación a Hernández Sierra, se dio luego de que el pasado 26 de abril del año 2017 el señor Mauricio Pava Lugo interpusiera una denuncia por generar “información inexacta”.

De acuerdo con la Fiscalía, una vez se interpuso la denuncia, el ente acusador indagó sobre las actuaciones de Hernández Sierra, quien presuntamente entregó información equivocada en un medio de comunicación, en el marco de una entrevista que le realizaron, luego de conocerse el accidente aéreo donde perdieron la vida más de 70 personas.

Según la Fiscalía, Hernández Sierra, en medio de sus declaraciones, dijo: “esos accidentes ocurren en los escritorios de las oficinas por las políticas que existen al interior de las aerolíneas, es un problema grave y que lamentablemente en Colombia también tenemos, aunque por ejemplo en aerolíneas como Avianca, donde se reduce el salario al piloto, son presiones que no se deben tener y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Sino se sale a tiempo se reduce sus salarios, todas esas políticas ponen en riesgo al mundo y la autoridad aeronáutica”.

En ese sentido, indicó la delegada de la Fiscalía que “se ha establecido que usted señor Jaime Hernández Sierra en calidad de autoridad divulgó al público en medios de comunicación declaraciones inexactas”.

Por lo que en el marco de la audiencia, la Fiscalía determinó que las declaraciones emitidas por Hernández Sierra tiene la capacidad de impacto en los pasajeros nacionales e internacionales que tiene la aerolínea, si se tiene en cuenta la condición ostentada por el hoy imputado.

Por estos hechos el ente acusador no solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad y contrario a ello solicitó medida restrictiva.