Juez envía a la cárcel a Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones, por escándalo Ungrd

La juez fue clara en la audiencia de este miércoles 18 de diciembre: Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, irá a la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía la señala de ser el enlace entre la Ungrd y los presidentes de la Cámara y el Senado, a quienes habría entregado coimas para favorecer las reformas del Gobierno en el Legislativo.

Ortiz será trasladada a la cárcel El Buen Pastor luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara su detención por la supuesta eliminación de pruebas relevantes en la investigación.

Pinilla explicó ante la justicia que Ortiz actuó como enlace para la entrega de los recursos, detallando que ella fue quien recibió el dinero y lo acompañó en el proceso de entrega en un sitio de Bogotá.

Tras escuchar las partes, la juez tercera de control de garantías determinó que la exconsejera debe ser recluida en prisión mientras continúan las investigaciones, debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de que Ortiz pudiera interferir en el curso del proceso.

Ayer, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó que por parte de la entidad se hayan ejercido presiones a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, para que firme un principio de oportunidad por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.

“En este momento nosotros estamos con Sandra Ortiz en la audiencia de imputación y en la solicitud de medida de aseguramiento. No se ha tenido acercamiento para principio de oportunidad con ella, que yo sepa. Y lo cierto es que el escenario de invitar eventualmente a alguien a sentarse a negociar no es un escenario de presión”, dijo en su momento la fiscal Camargo.

La respuesta de la fiscal llegó a tan solo 24 horas de que un juez decida si la envía, o no, a la cárcel por su presunta participación en ese escándalo de corrupción. Pero también como respuesta a las acusaciones que había hecho el abogado de la exconsejera para las regiones, Oswaldo Medina.

La investigación apunta a que dentro de esa entidad se creó una "organización criminal", como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En ese contexto, la más alta ficha del gobierno del presidente Gustavo Petro salpicada por este escándalo, fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González.

Para probarlo, el ente investigador reprodujo una serie de audios en los que Olmedo López habla sobre una conversación que tuvo con Ortiz en el Palacio de Nariño y también acerca de un desayuno en el que participó Iván Name.

En ese desayuno, señaló la Fiscalía, Ortiz le habló a López de la adición de un contrato en el Atlántico en el que el congresista tenía interés, pero también se habría mencionado que parte del dinero recibido por Name tendría como destino la campaña política de la concejal de Bogotá María Clara Name, de cara a las elecciones regionales de 2023.

"Al final del desayuno, Name agradece. Me indica que nos sigamos encontrando. Yo le digo que yo estoy al frente para verificar el apoyo a la campaña de su hija y que mi presencia allí es garantía de que ese acuerdo se va a cumplir", precisó uno de los audios.

Luego de esos hechos, Sandra Ortiz habría transportado en dos oportunidades las sumas de $1.500 millones en efectivo, para un total de $3.000 millones, con destino a Name. "El desplazamiento se llevó a cabo en las camionetas de la UNP asignadas a su seguridad".