La Andje lanzó su plan de acompañamiento para la defensa jurídica en las regiones

Con la participación de más de 80 asesores jurídicos y alcaldes del Chocó, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, presentó en las últimas horas su Plan de Acompañamiento Territorial, diseñado para fortalecer la defensa jurídica en diversas regiones del país. Este programa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y busca abordar las problemáticas litigiosas que afectan tanto a entidades nacionales como territoriales.

El Chocó será el primer departamento en implementar este plan, priorizando 20 municipios que enfrentan un alto número de acciones de tutela. Entre ellos se encuentran Quibdó, Istmina, Nuquí y Bahía Solano. La capacitación y el acompañamiento a las oficinas jurídicas locales se llevarán a cabo con el apoyo de la Fundación Universitaria Claretiana.

César Palomino Cortés, director general de la Andje, destacó la importancia de llevar la Agencia a los territorios, donde se presentan las mayores dificultades en la defensa de entidades públicas. “Los recursos que deberían destinarse a la inversión social se están utilizando para pagar condenas judiciales”, afirmó durante el evento, acompañado por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y otros directores de la entidad.

El plan se centrará en la prevención del daño antijurídico, el reconocimiento temprano de derechos, la defensa judicial justa, el pago de sentencias, el litigio estratégico y la recuperación de recursos públicos. Tras su lanzamiento en Chocó, la Andje tiene previsto implementar el programa en los departamentos de La Guajira, Bolívar y Cesar.

César Palomino Cortés agregó que: "este gobierno quiere que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llegue a los territorios. ¿Y por qué el Presidente quiere que la agencia llegue al territorio? Porque está probado que es en el territorio en donde se presenta la mayor dificultad en la defensa de las entidades públicas".

Además, añadió que lo harán por medio de "un enfoque territorial, es decir, se priorizan las entidades territoriales que tengan mayores dificultades para asumir directamente su defensa. Cada año, el pasivo de la Nación por concepto de condenas judiciales se incrementa en $3 billones. Incrementa solamente por concepto de intereses que no se pagan a la deuda".