La apuesta por mejorar la educación jurídica del Minjusticia y Mineducación
El tema no es para menos en un país considerado de abogados que alcanza actualmente las 242.726 tarjetas profesionales vigentes pero que en su oferta educativa donde existen 166 programas de pregrado de derecho con registro calificado, solo 19,28% cuentan con acreditaciones de alta calidad.
Ana María Ramos, viceministra de Promoción de la Justicia, explicó que gran parte de los problemas que tiene la adminsitración de justicia no corresponde a falta de dinero ni de gestión sino de personas que podrían estar mejor capacitadas.
“Tenemos dos proyectos en este frente. El primero es agotar los programas de derecho de las universidades y el otro es actualizar y capacitar a los funcionarios que ya ejercen en el sistema y que no pudimos intervenir desde la academia” agregó Ramos.
Competencias en oralidad, manejo de tecnologías, conocimientos en la internacionalización del derecho y propender por la regionalización de las prácticas en las universidades son algunas de las competencias que se quieren reforzar.
La viceministra, expresó que en el radar está darle un nuevo enfoque a las practicas para que tengan un mayor impacto social, como por ejemplo, lo hacen hoy en día los médicos.
“Los consultorios jurídicos actuales están regulados por una norma de 1970 y eso desconocen la verdadera necesidad del profesional, llevándolos a resolver temas operacionales o casos fáciles cuando realmente el recurso puede utilizarse para proteger una comunidad o para proteger el medio ambiente”, puntualizó Ramos.
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