La Contraloría advierte sobre reabrir procesos fiscales para el proyecto Hidroituango
La protección de los habitantes aguas abajo debe ser prioridad para el funcionamiento de la hidroeléctrica, según el contralor
08 de noviembre de 2022
La Contraloría advierte sobre riesgos fiscales y de corrupción de los bienes en la SAE
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dijo que se debe considerar como prioridad la seguridad de toda comunidad que se encuentre ubicada aguas abajo del proyecto de Hidroituango, antes de que se dé inicio a las operaciones que darán como resultado la generación de electricidad.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó que, “más allá de una dificultad que pueda existir, de una fecha determinada de entrada en operación, lo más importante para la Contraloría es la seguridad de las personas”.
El ente de control recalcó que se debe priorizar la seguridad de cada ciudadano que se encuentre debajo de este mega proyecto, a pesar de que la hidroeléctrica debe empezar a producir energía con al menos las dos turbinas disponibles funcionales. Esto, siempre y cuando estas estén listas y aprobadas por todas las entidades, las cuales deben garantizar el buen funcionamiento y que no se provoque ningún riesgo a la sociedad.
Por otro lado, el contralor expresó que para la entidad este tema es de vital importancia, ya que las advertencias no solo son de carácter fiscal, sino desde el punto de vista del “riesgo”. La entidad recalca que la seguridad de las comunidades debe ser garantizada.
Rodríguez Becerra dijo que, “la eventual materialización de hechos sobrevinientes que sucedan en el proyecto Hidroituango, serán objeto de cuidadosa revisión y evaluación por parte la Contraloría General de la República, de cara a definir la necesidad de realizar alguna actuación de control fiscal y, si se precisa, la apertura de nuevos procesos de responsabilidad fiscal”.
Desde marzo, la Contraloría General de la República ha realizado un seguimiento al mega proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM), para vigilar la debida implementación de los recursos, debido al fallo de responsabilidad fiscal proferido en septiembre de 2021 por valor de $4,3 billones de pesos.
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