La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por varios ‘elefantes blancos’ en Chocó

La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal por proyectos inconclusos en el Chocó, e hizo el anuncio sobre el proceso a término en contra de la, hoy liquidada, EPS Medimás, y algunos directivos de la entidad.

A la fecha, según el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, quien estuvo de visita ayer en Quibdó, hay 33 proyectos ‘elefantes blancos’ en el departamento, por la cual se atribuye una cifra de $255.000 millones y por el que, además, se anunció la apertura de $130.000 millones en procesos de responsabilidad fiscal.

Fallo fiscal por Caprecorm

El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que la entidad profirió fallo con responsabilidad fiscal por $22.541 millones contra la ex agente liquidadora de la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Blanca Elvira Cortés Reyes

La sanción responde al daño patrimonial que se dio por su omisión para lograr el pago de los excedentes de operación del centro hospitalario entre 2008 y 2012 en el proceso de liquidación de Caprecorm, correspondiente a una cartera de $16.653 millones.

El hospital no pudo obtener el pago de esos recursos por concepto de excedentes y no se contó con esos más de $16.000 millones en el proceso de liquidación para el pago de acreencias.

Hallazgos fiscales en el PDA

La entidad también detectó 11 hallazgos administrativos por más de $1.000 millones, entre 2020 y 2021, respondiendo una denuncia ciudadana.

La acusación alude a irregularidades en el convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Quibdó para el proyecto de mejora de redes del sistema de acueducto del municipio Medio Atrato-Beté.

Este corresponde a una responsabilidad fiscal por $638 millones.

Proceso contra Medimás

El proceso se hace a razón del daño al patrimonio público generado por el manejo irregular que se dieron a los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss). Entre de las irregularidades que contribuyeron a la imputación por parte de la Unidad de Investigación Especiales fue el pago de servicios médicos a personas fallecidas entre 2018 y 2020, sobre una suma de $46,3 millones; también, el direccionamiento de pagos de sanciones pagadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), por $2.981 millones.

“Lo que está pasando aquí es un fiel ejemplo de la desidia por parte de agentes locales (mandatarios o servidores públicos) que descuidan obras y utilizan recursos públicos para fines irregulares”, culminó el contralor general Carlos Hernán Rodríguez en la rueda de prensa.