La Contraloría revelará avances en proceso de responsabilidad fiscal en caso de Hidroituango

A un año de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General de la República por fallas en planeación y ejecución del proyecto, la entidad revelará los nombres de los responsables.

Cabe recordar que la cuantía del daño fiscal se estimó en $4 billones, de los cuales $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; y $1,1 billones por lucro cesante.

Los 34 investigados

El auto mediante el cual se abrió el proceso señala como presuntos responsables fiscales a 34 personas, entre las que destacan Federico Restrepo, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, el exgerente de EPM Juan Esteban Calle y el también exgerente de EPM, Jorge Alberto Londoño de la Cuesta, actualmente embajador en Canadá. Además, se menciona en la misma calidad a los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

Así mismo, se señala a Alejandro Antonio Granda, en calidad de miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, Álvaro Julian Villegas, Hugo Alejandro Mora, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Jesús Alfonso Jaramillo e Iván Mauricio Pérez.

En el documento también figuran mencionados en la misma calidad Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Gómez, John Alberto Maya, Jorge Mario Pérez, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos, Rafael Andrés Nanclares, Sebastián Álvarez y Wilson Chinchilla.

Personas jurídicas y consorcios

En cuanto a las personas jurídicas, se señala como presuntos responsables fiscales a Gestión y Auditoría Especializada Ltda - GAE, Integral S.A. e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. (que absorbió a la empresa Solintegral S.A.

Adicionalmente, se menciona en los mismos términos a los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic, el interventor (Ingetec y Sedic).

La Contraloría, además, menciona como terceros civilmente responsables a Mapfre Seguros Generales de Colombia y a Seguros Generales Suramericana.

Proceso en la Fiscalía

Luego de que hace tres meses se filtrara un informe de causa raíz, en el que se dice que la causa del colapso del túnel fue “una combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción, que hicieron la parte del túnel que colapsó particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas”, la Fiscalía citó a declaración jurada al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al actual gerente de EPM, Álvaro Rendón, en el marco de una de las tres líneas de investigación que manejan sobre Hidroituango. Sin embargo, no se aclaró en el marco de cuál de las líneas se citó a los funcionarios.

Tras el anunció de la Fiscalía, el alcalde Quintero se dirigió al búnker en Bogotá para entregar “el documento que estuvo oculto desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, y que cuenta la verdad sobre lo que pasó en Hidroituango, en especial, que los responsables fueron constructores, diseñadores e interventores del proyecto, un documento que fue ocultado por interesados en que no se conociera la verdad y que no se demandara a los contratistas”.

Proceso en la Procuraduría

La Procuraduría, además de dirigir y ser testigo del proceso de conciliación que en este momento se adelanta con los consorcios tras la demanda por $9,9 billones de EPM, adelanta otra investigación.

En septiembre de 2018, a raíz de la contingencia que se presentó el ente de control abrió una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de esta”.

La indagación vincula a 25 personas, entre los que destacan: dos directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia González y Rodrigo Suárez; los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Pérez; tres exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle, Federico Restrepo y Jorge Londoño; y dos exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.
Los términos de esa actuación estaban suspendidos por la pandemia; sin embargo, el pasado 8 de septiembre el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas adicionales.

A EPM se le solicitaron, entre otras, todas las actas de junta directiva desde enero 2019 y los documentos allegados por parte de aseguradoras y reaseguradoras, mientras que a Mapfre se le pidió un informe del estado actual de las pólizas del proyecto, reconocimientos y negaciones de reclamaciones y pagos por ese concepto.

A la Alcaldía de Medellín se le solicitó, entre otras, “partes pertinentes del manual de funciones vigente de Quintero en su calidad de alcalde de la ciudad”. El mandatario será citado a rendir declaración jurada sobre los hechos objeto de investigación, al igual que el actual gerente de EPM, Álvaro Rendón.