"La contratación estatal asciende a $150 billones, lo cual constituye 15% del PIB"

José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, estuvo en InsideLR para hablar sobre los resultados y desafíos de los procesos y transparencia en la contratación pública. Entre otros datos, O’Meara reveló que el Estado tiene un déficit en el talento humano para las entidades.

¿Cuántos recursos públicos mueve la contratación pública?

La contratación estatal asciende, en promedio, según la última cifra cerrada de 2019, a $150 billones, lo cual constituye 15% del PIB.

¿Cómo está distribuida la contratación por modalidades?

Debido al déficit de talento humano que hay en las 6.700 entidades públicas, se dan en promedio 600.000 contratos de prestación de servicios profesionales al año. La contratación directa está en 20%; licitación pública 26%; selecciones abreviadas y la mínima cuantía rondan también este monto. Es más o menos 20% por cada una de las cinco modalidades.

¿Qué impacto tiene la decisión del Consejo de Estado en la contratación pública por prestación de servicios?

La modificación sustancial es revisar cuánto le valdría al país una reforma estructural de toda la administración pública, lo demás son medidas que no atacan el problema de raíz. Una vez se supere el déficit de talento humano, la prestación de servicios cumplirá su razón de ser, pues será para casos excepcionales cuando las entidades no cuentan con las personas con determinada especialidad.

¿Cuál ha sido el papel de la agencia en la contratación estatal asociada a la pandemia?

Creamos el instrumento de agregación de demanda covid-19. En abril de 2020 redactamos en Colombia Compra Eficiente un Decreto que permitía que los bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia, como equipos biomédicos y tapabocas, no se licitaran, sino que, por su escasez, se ofrecieran en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

¿Cómo fue el papel de las empresas en ese sentido?

Con el propósito de generar una reactivación económica, capacitamos 372 empresas, de las cuales 92% son Mipyme, y de abril de 2020 a la fecha se han transado $520.000 millones. Las empresas entraron en escenarios de reconversión empresarial; organizaciones que suministraban telas y estaban paralizadas por la pandemia pudieron elaborar tapabocas y suministrarlos a las entidades del Estado.

¿Cómo funcionan los acuerdos marco de precio y cuál ha sido su impacto?
Son licitaciones que estructura la Agencia para dar a unos proveedores el derecho de hacer parte de la Tienda del Estado, que ha transado $3,2 billones. Allí se estructuran bienes y servicios, se adquiere el derecho de ser proveedor y las 6.700 entidades del Estado no deben abrir licitación para obtener, por ejemplo, computadores, sino que ingresan a la plataforma y, de proveedores habilitados, el que genere el mejor precio tiene esa orden de compra.

¿Cuánto ha ahorrado a la Nación este modelo?
Durante el Gobierno del presidente Iván Duque se han optimizado recursos a través de $9 billones en transacciones en la Tienda Virtual, lo cual arroja ahorros por $1 billón.

¿Cuánto ha aumentado el número de proveedores?

En materia de agregación de demanda se están presentando para la licitación de equipos tecnológicos y periféricos 104 empresas y quedaron habilitadas 75: estamos viendo una pluralidad importante.

¿Qué porcentaje de entidades que compran en la Tienda están obligadas a hacerlo?

Actualmente 52% de las entidades del Estado que están contratando en la Tienda Virtual no tienen la obligación o el deber de hacerlo. Eso quiere decir que se están generando una confianza importante en la Colombia Compra Eficiente. Los servidores públicos se están desprendiendo la necesidad de contratar y ahorrarse investigaciones de orden disciplinario, fiscal o penal.

¿Hay algún plan para que, eventualmente, todas las entidades del Estado realicen su contratación en la Tienda?

La progresividad nos debe llevar a que 100% de las entidades públicas compren en la Tienda del Estado Colombiano y solo se puedan apartar cuando los bienes que requieren no han sido licitados ni se encuentran ofrecidos en la plataforma disponible.

¿Cuál ha sido el impacto de los pliegos tipo en los procesos de contratación?

El impacto ha sido extraordinario porque hemos pasado de entre uno y tres oferentes en los contratos de las entidades territoriales de obra pública a tener 26 oferentes. Hay procesos en que se están presentando entre 150 y 200 oferentes, lo que también ha generado un ahorro de $1 billón, adicional al que mencioné.

La CCI denunció prácticas para eludir los pliegos con convenios interadministrativos, ¿cómo abordan esta situación?

Tenemos una reunión el lunes con la Procuraduría para entregar la información que podemos aportar porque sí se están presentado situaciones en que empresas industriales y comerciales del Estado, o sociedades de economía mixta que tienen régimen privado de contratación, han convertido en receptoras de recursos de entidades regidas por Ley 80 para evitar los pliegos tipo.

¿Estos convenios suponen un riesgo en época electoral, de cara a los cambios en la Ley de Garantías?

Siempre que haya ejecución de recursos puede haber algún riesgo, pero si se hacen de forma transparente no debería haber problemas, y creamos una herramienta de seguimiento.