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Judicial

La Corte Constitucional ordena tomar medidas para proteger a los firmantes de paz

La Sala Especial resaltó que entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024 hubo persistencia de amenazas graves, homicidios y atentados

02 de agosto de 2024

Sofía Alexandra Duarte Torres

sduarte@larepublica.com.co

Corte Constitucional
Colprensa
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En las últimas hora se dio a conocer que la Corte Constitucional emitió una orden para reforzar las medidas de seguridad dirigidas a los ex combatientes del Acuerdo de Paz en ocho macrorregiones de Colombia.

La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) procedió a documentar afectaciones en las regiones noroccidente, suroccidente, sur-amazonía, Ccaribe, nororiente, centro andina, centro oriente y orinoquía, resaltando los riesgos extraordinarios que enfrentan estos ex combatientes en su proceso de reincorporación.

Entre los resultados, la Sala Especial resaltó que entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024 hubo persistencia de amenazas graves, homicidios y atentados contra la población firmante del Acuerdo de Paz.

Ante este panorama, la Corte expresó su preocupación por la macro victimización en el sur del país, especialmente en Miravalle y otras áreas severamente afectadas. La situación está obligando a los habitantes a considerar abandonar los territorios.

Así las cosas, se ordenó al Ministro de Defensa informar sobre el estado de los dispositivos de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Aetcr, y Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva en varias regiones, incluyendo Antioquia, Chocó, y Valle del Cauca, entre otras.

Por su parte, el Ministro del Interior deberá entonces á proporcionar un informe sobre las medidas preventivas y los avances de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización en las regiones afectadas.

Y finalmente, la Corte advirtió la falta de avances significativos en la judicialización de crímenes contra excombatientes, por lo que solicitó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General que intensifique las investigaciones y judicializaciones de las estructuras armadas y a esto se suma la Unidad Nacional de Protección, UNP, que deberá reevaluar los riesgos en los Aetcr y áreas de reincorporación

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