La defensa del Estado en controversias internacionales cuesta US$35 millones

El reciente anuncio de que Claro y Telefónica se enfrentarán con el Estado colombiano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), llamó la atención sobre cuántas controversias internacionales debe resolver la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), cuánto le cuesta al país y porqué las compañías extranjeras demandan a la Nación.

En la actualidad, la Andje defiende los intereses colombianos en siete controversias y, según la Global Arbitration Review (GAR), el promedio internacional de costo de cada caso puede alcanzar US$4,9 millones. Solamente el costo de los abogados, según el cálculo de la GAR, por cada controversia suma US$3 millones; los peritos, como consultorías financieras o mineras pueden llegar a valer US$1 millón y las tasas administrativas como el costo de los arbitrajes otros US$800.000.

Otros gastos como el traslado de testigos y sus viáticos, traducciones, entre otros, se calculan en US$100.000, lo que en total daría un costo promedio por gasto de US$4,9 millones. Como la Agencia adelanta siete procesos, el total del costo rondaría US$34,3 millones, aunque ese valor pueden aumentar o disminuir según sea el caso.

Según explicó a AL, Luis Guillermo Vélez, director de la Andje el costo también se debe a que firmas internacionales de primer nivel como Dechert, Latham & Watkins o Sidney Austin funcionan como asesores legales del país pero, según sus cálculos, Vélez piensa que a término de siete años la Andje estará en capacidad de enfrentar las controversias internacionales directamente.

“La defensa internacional de Colombia es un modelo mixto donde se va generando capacidad local con 30 profesionales expertos en derecho internacional público encargados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los litigios de inversión, y tenemos al mismo tiempo representación de las firmas. Son casos muy serios en los que en el país no hay tanta experiencia de cómo llevarlos, por eso las asesorías con las firmas. Pero creemos que en cinco o siete años tendremos capacidad local suficiente para abordar los casos directamente”, explicó Vélez.

El jurista agregó que “los países que abordan los casos directamente sin cumplir una curva de aprendizaje, como por ejemplo Argentina, no les ha ido bien, y también hay países que subcontratan todo el servicio con firmas, y creemos que eso puede ser costoso”.

El origen de estas demandas, en general son los Acuerdos de Protección y Promoción de Inversiones, conocidos como Apris. En el mundo, explicó Vélez, desde hace 25 años se han firmado 3.300 de estos acuerdos, que además de traer normatividad para promover inversión también tiene mecanismos de protección de esa inversión sujetos al derecho internacional público, donde el inversionista puede convocar un tribunal de arbitramento para definir la disputa. Los TLC, por ejemplo, contienen capítulos muy similares a los Apris, pues reproducen en buena medida dichos acuerdos.

“La mayoría de países han suscrito muchísimos de estos, por ejemplo Argentina tiene más de 50, Ecuador unos 30 y la misma Cuba tiene 62 Apris, y Colombia tiene solamente 15, de los cuáles siete son Apris y ocho son capítulos de TLC. Colombia es de los países que menos tiene es tipo de tratados”, explicó Vélez.

Al día de hoy, además de los conflictos conocidos por el público (ver gráfico), se sumó uno nuevo con Granahorrar, que está relacionado con la intervención que hizo la Superintendencia Bancaria y Fogafín de esa entidad financiera en 1999.

“De los siete litigios que hay en el momento, la mayoría de inician por reclamaciones de inversionistas relacionadas con actos del estado proferidos o por Cortes o Entes de control, pero no por actos del Gobierno”, concluyó el director de la Andje.

“Los arbitrajes internacionales son complejos por la potencial aplicación de reglamentos de instituciones arbitrales, y tramitar el proceso bajo un idioma extranjero, o atender acciones paralelas ante la jurisdicción” complementó Santiago Cruz, abogado de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.