La digitalización permanente de la justicia, en la agenda del Congreso en su recta final

Hoy, el Congreso de la República retomará sus labores e iniciará a discutir distintas propuestas y proyectos de ley antes de que termine su legislatura, el próximo 20 de junio.

Esto quiere decir que los congresistas en el Senado y la Cámara de Representantes, elegidos para el periodo de 2018 a 2022, tienen apenas tres meses para hacer trámite de las iniciativas que siguen pendientes por ponencia, debate y, posteriormente, una aprobación.

Uno de los proyectos más importantes tiene que ver con la digitalización de la justicia, que fue presentado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz y el fiscal general, Francisco Barbosa, entre otros altos mandos de distintas instituciones judiciales.

Lo que se pretende con esta iniciativa es “establecer la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020”, que implementó el uso de las tecnologías de la información para agilizar y flexibilizar los trámites de los procesos judiciales durante la pandemia.

A pesar del poco tiempo que lleva en el Congreso de la República, pues se radicó apenas el mes pasado, Claudia Navas, analista senior de Control Risks, aseguró que, entre los proyectos que están en estudio actualmente, este es el que tiene más probabilidad de aprobarse durante lo que resta de esta legislatura, porque “la virtualidad es ahora una necesidad y también una oportunidad para una mayor inserción tecnológica en el sector de la justicia”.

Cabe anotar que, además de este proyecto, que aún está pendiente de llegar a comisión en el Senado, hay otros que tienen el mismo propósito; uno presentado por el senador Germán Varón, otro por la senadora María Fernanda Cabal y, el más reciente, de autoría de la senadora Angélica Lozano. Ninguno de los cuatro tienen ponentes en el Senado, pero es probable que se les ponga ‘el acelerador’ por el apoyo gubernamental que tiene la iniciativa.

Otro proyecto que también tendría prioridad cuando comiencen las sesiones sería uno radicado por el representante a la Cámara, César Lorduy, quien no estará en el próximo Congreso, que busca que se frenen los procesos de embargo contra quienes se hayan visto afectados por los efectos de la pandemia y que, por tal razón, no hayan cumplido con sus obligaciones.

Lorduy explicó que, a pesar de que la iniciativa aún no se haya discutido en primer debate, se va a dedicar a buscar apoyo para que se acelere su proceso dentro del Congreso.

Existen, por el contrario, otros proyectos que ya están avanzados y que requieren de pocos debates. Uno de ellos es el proyecto de ley estatutaria, presentada por la senadora María del Rosario Guerra, que pretende reglamentar la objeción de conciencia en la política.

En caso de que sea aprobado, un congresista podría objetar conciencia cuando sus creencias entren en conflicto con alguna decisión pública, aún cuando su bancada tome una determinación grupal.

Este proyecto ya está para tercer debate en la Comisión Primera del Senado y su ponente considera que es probable que sea aprobado antes de que finalice la próxima legislatura.

En este mismo escenario se encuentra un proyecto de ley que busca regular las libertades económicas, específicamente en el sector del comercio.

Según señaló Silvana Amaya, analista senior de Control Risks, este proyecto es importante porque “pretende simplificar y unificar los trámites y requisitos de apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio”. De ser aprobado como ley, los empresarios se verían beneficiados al enfrentarse a menos procesos para abrir sus negocios.

La iniciativa, propuesta por los representantes a la Cámara, José Daniel López, Harry Giovanny González, Alfredo Rafael Deluque y Adriana Magali Matiz, ya está en ponencia publicada para tercer debate, por lo que está cerca de su aprobación.

Esto, porque los analistas aseguran que en época electoral es más difícil que pasen los proyectos de ley que apenas se encuentran en fase de radicación o en sus primeros debates.

Johan Caldas, profesor de Derecho en la Universidad de La Sabana, explicó que el trámite legislativo se verá frenado durante estos tres meses, pues los congresistas “se vuelcan a apoyar a candidatos durante la campaña presidencial”.

Además, sostuvo que es probable que en estas semanas que le quedan a la legislatura, en vez de avanzar con trámites de proyectos de ley, se centren también en realizar debates de control político a distintos funcionarios del Gobierno. “Esta acción se hace para buscar oportunidades de hacer campaña política”, apuntó.

Entre los proyectos que podrían verse afectados por el retraso de las actividades legislativas se encuentra la iniciativa para prohibir el fracking que, pese a haber sido firmada por más de 50 congresistas de 10 bancadas distintas, podría verse archivada por su lento avance en el Congreso.

A su vez, está en veremos un proyecto que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, que tiene como propósito permitir el acceso a la información sobre el impacto natural y ambiental de distintas obras o proyectos de infraestructura. Colombia adhirió a este tratado en 2019, pero aún falta una ley para que sea reglamentado en el país.

La iniciativa, como tantas otras, se encuentra en una fase preliminar en el Congreso. Para Amaya, depende de cuántos debates deban surtir los proyectos para “analizar la probabilidad de su aprobación o si quedarán archivados”.

Antecedentes

Es importante recordar que existen dos tipos de proyectos que pueden ser aprobados en el Congreso de la República: proyectos de ley o proyectos de acto legislativo. Los primeros tienen el objetivo de desarrollar temas que contiene la Constitución, mientras que los segundos pretenden reformarla. Los tiempos de trámite son diferentes, pues los proyectos de ley tienen que pasar por cuatro debates, mientras que los actos legislativo requieren de la aprobación de ocho debates.