La Fiscalía imputó cargos al expresidente de Medimás EPS, Néstor Orlando Arenas

Un juez de control de garantías imputó cargos al expresidente de Medimás EPS SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca, por presunta desviación de $7.105 millones que debían destinarse a la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

En el caso también se les asignó cargos a la contratista Mercedes Barrera Botía, y el propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero.

En las pruebas presentadas por la Fiscalía se reflejan que el entonces presidente de la EPS habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para estos pacientes, que habrían sido entregados presuntamente a la empresa de Barrera Botía. Esta empresa se habría constituido 15 días antes.

Además, esta entidad no tenía el músculo financiero, ni las pólizas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado. La Fiscalía aseguró que esta entidad fue registrada en la misma dirección de funcionamiento de la sede de Medimás en Bogotá. La EPS, al parecer, le habría entregado a Barrera Botía un anticipo de $263.000 millones.

Por esta razón, los acusados recibieron imputaciones por delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.

Medimás tenía indagación preliminar por irregularidades

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció en septiembre su intención de hacer un seguimiento estricto al manejo de los recursos de la salud, poniendo la lupa especialmente en Medimás, donde hay un hallazgo fiscal por $8.633 millones y se abrió una indagación preliminar por $842.449 millones, por anticipos pagados a proveedores entre el 1 de agosto de 2017 y el 16 de marzo de 2022.

En una actuación especial de fiscalización, la entidad encontró irregularidades en la legalización de los anticipos causados en el periodo mencionado por parte de la EPS en liquidación, "generando incertidumbre sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud". Además, identificó inconsistencias en los soportes, específicamente en las facturas que soportan la prestación de servicios de salud, lo que daría cuenta del manejo irregular en la formalización de los recursos administrados.