La JEP hizo llamado al Gobierno Nacional para que se respete su autonomía y recursos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó peocupación tras las recientes declaraciones del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien sugirió un posible cierre de esta entidad, que ha fundamental para la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las extintas Farc.

Por su parte la JEP hizo un llamado contundente al Gobierno para que se respete la separación de poderes y se garanticen los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Roberto Vidal, presidente de la JEP ha defendido que el tribunal de Paz se erige como un pilar esencial en la construcción de la paz en Colombia, ya que tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

“Nos sorprenden las declaraciones del Comisionado de Paz ya que la Jurisdicción, al inicio del gobierno de Gustavo Petro, hizo una manifestación pública de apoyo a los esfuerzos en pro de la paz total”, señaló.

El tribunal en varias oportunidades brindó al Gobierno su “experiencia y conocimiento para enriquecer esa compleja labor de crear nuevos mecanismos jurídicos que faciliten las negociaciones en curso” con organizaciones criminales y el ELN", afirmó Vidal.

La entidad subrayó que cualquier cierre prematuro no solo causaría un daño irreparable al país, sino que también afectaría de manera significativa a los ex combatientes y a los miembros de la Fuerza Pública, quienes dependen de esta jurisdicción para regularizar sus situaciones legales.

Por lo anterior, el Tribunal de Paz resaltó que es responsabilidad del Gobierno garantizar y respetar la temporalidad de su labor, establecida de manera constitucional en el Acuerdo Final de Paz, motivo por el cual la JEP debe poder operar con autonomía para cumplir con su finalidad.

También expresó su inquietud ante el incumplimiento del Gobierno en sus obligaciones presupuestarias, particularmente en lo que respecta al componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. Destacaron que se dio a conocer que el presupuesto destinado al Fondo Colombia en Paz fue reasignado, lo que generó incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para implementar las sanciones que deben cumplir los comparecientes.

Esta situación podría resultar en un escenario en el que la JEP emita sentencias sin los recursos necesarios para hacerlas efectivas, lo que comprometería la reparación a las víctimas y el restablecimiento del tejido social en las comunidades afectadas.