La lupa de la Procuraduría en el decreto de MinAgricultura sobre marchas campesinas

La Procuraduría puso su atenció sobre el decreto publicado por el Ministerio de Agricultura ‘por el cual se promueve la movilización y organización campesina’, pues aseguran que no se alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica previstos en nuestra Constitución.

El mencionado proyecto tampoco hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política, el cual establece el derecho de los ciudadanos para unirse y constituir asociaciones libremente para la realización de un proyecto común.

Sin embargo, el Gobierno asegura que el proyecto de decreto enmarca la materialización del derecho a la organización y movilización campesina. La Procuraduría, por su parte, dijo que es alarmante expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

El Ministerio Público llamó la atención sobre la necesidad del Gobierno para acudir a la expedición de un decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales. Agregaron que no son claros en este aspecto. "Sin embargo, uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un “llamado a la movilización y organización campesina”, y que se crearán comités municipales como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”, dijo la Procuraduría.

Adicionalmente, el Ministerio Público resalta que no es claro si el Gobierno destinará recursos para la participación de los campesinos en movilizaciones, pues el texto indica que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Por tanto, la expedición del decreto podría implicar una violación a la Constitución Política, al reglamentar, promover y, en caso tal, costear la movilización de un sector específico de la sociedad para que apoye una política gubernamental. Aseguraron que ya se cuenta con mecanismos y autoridades facultadas para, por un lado, asegurar que este grupo de personas ejerza sus derechos a asociarse, manifestarse y participar en política y, por otro, a que el Gobierno Nacional avance en la reforma agraria que propone.

Por lo tanto, la Procuraduría le hizo un llamado de atención al Gobierno para que garantice la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes. Añadieron que de esta manera evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional.