La otra investigación que abrió Procuraduría a López por posible tráfico de influencias

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria para establecer si existió un presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por parte del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez y del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, se trata de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica, por parte de la Ungrd.

De acuerdo con la información divulgada a través de medios de comunicación, López reconoció que Regina López suscribió el citado contrato por $ 144 millones por recomendación del director de la Uiaf.

Adicionalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contrató también a José Ignacio Llinás, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, quien, según informaciones periodísticas, es el cuarto contratista con honorarios más altos en esa entidad.

En el marco de esta decisión, el ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen, entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la Ungrd para estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados contratistas.

Con esta investigación disciplinaria, la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad .

Y es que aparte de sus denuncias y el principio de oportunidad que tiene con la Fiscalía (en el que prometió contar todo lo que sabía del escándalo de la Ungrd y prender su ventilador), la Procuraduría le tiene otra investigación a López por la compra de los carrotanques en La Guajira.

El Ministerio Público busca establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución, las cuales estarían relacionadas con la modalidad de contratación escogida, un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial.