La Personería de Bogotá ha recibido más de 150 quejas en los contratos de vivienda
Las quejas se centran en la inclusión de cláusulas consideradas abusivas, que afectan los derechos de los consumidores
13 de marzo de 2025
La Personería de Bogotá ha recibido más de 150 quejas en los últimos 14 meses relacionadas con contratos de adhesión para la compra de Viviendas de Interés Social y Prioritaria (VIS y VIP). Estas quejas se centran en la inclusión de cláusulas consideradas abusivas, que afectan los derechos de los consumidores.
Los contratos de adhesión son redactados unilateralmente por las constructoras, sin que los compradores tengan la oportunidad de discutir o modificar los términos. Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, señaló que los consumidores firman documentos que no conocen en su totalidad, asumiendo obligaciones que no les explicaron adecuadamente.
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Entre las cláusulas identificadas como problemáticas se encuentra la determinación de sanciones económicas por incumplimiento, que suelen perjudicar a los compradores. Por ejemplo, algunos consumidores denunciaron que, tras apartar una vivienda con un precio congelado, este fue ajustado sin previo aviso. Además, se reportaron multas por retrasos en los pagos durante la construcción, mientras que los atrasos en la entrega de las viviendas no son sancionados.
La Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, define como cláusulas abusivas aquellas que generan un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. La normativa establece que estas cláusulas, si son incluidas, son ineficaces de pleno derecho.
La Personería de Bogotá solicitó a la Secretaría Distrital del Hábitat que preste mayor atención a los contratos utilizados por las constructoras en proyectos de vivienda VIS y VIP, con el fin de evitar la inclusión de cláusulas que vulneren los derechos de los consumidores. Esta medida busca garantizar que los compradores reciban información clara sobre el precio de las viviendas, incluyendo su posible ajuste según la variación del salario mínimo, y que la fijación de precios sea transparente y justa.
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