Contratos con varias organizaciones indígenas, en la mira de Procuraduría General
Por la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas que tuvo un monto cercano a los 30 mil millones de pesos
18 de octubre de 2023
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso indagatorio en contra del Ministerio de Interior y el Ministerio de Ambiente por presuntas irregularidades en contratos con comunidades indígenas. Aparte de la investigación de los mencionados gabinetes, también indagarán a la Corporación Autónoma Regional de Cauca por las irregularidades; el presupuesto con el contaban era de $30.000 millones aproximadamente.
Los hallazgos del Ministerio Público fueron divididos en dos actuaciones irregulares: una del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cauca y otro del Ministerio de Interior con la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.
Las primeras actividades dan cuenta de la suscripción de un acuerdo por $4.900 millones para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas a la Corporación Autónoma del departamento de Cauca. Según la Procuraduría, se fijaron requisitos específicos para la contratación de personal con costos, presuntamente, desproporcionados.
Por otro lado, en el segundo hallazgo, se habría firmado un contrato entre el Ministerio de Interior y la Organización Nacional Indígena por $25.000 millones con el propósito de fortalecer saberes políticos, espirituales y culturales de las comunidades que hacen parte de la Mesa de Concertación Permanente, MPC. Aparentemente, se dio la misma situación que en el primer caso ya que el presupuesto asignado fue "elevado" para el Ministerio Público.
“Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados. Igual situación pudo presentarse en algunas actividades puntuales, a las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado para las acciones que se debían desarrollar”, señaló la Procuraduría.
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