La Procuraduría General de la Nación exigió justicia pronta en los casos de violencia

Desde Barranquilla, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidió prontitud y eficiencia en la administración de la justicia en los casos de violencia contra las mujeres que han afectado el país.

En el marco del XXI Congreso Nacional de Género de la Rama Judicial, la jefe del Ministerio Público precisó que el reclamo que muchas mujeres han referido ante el ente de control, generalmente es frente a la protección y los retrasos administrativos en sus casos. “La demora en sus casos no es solo un problema administrativo; es un reflejo de un sistema que, a veces, prioriza otras cosas sobre la vida dignidad de las mujeres”.

Si bien, reconoció los esfuerzos realizados por la Rama Judicial para avanzar en esta materia, subrayó que aún queda un largo camino por recorrer para actuar con rapidez y empatía, que permita construir un sistema a la altura del clamor de las mujeres que necesitan justicia y protección, sobre todo, ante el preocupante aumento de casos.

“Nuestro deber es cambiar esa narrativa. Como rama judicial y como ente de control, tenemos la responsabilidad de acelerar, humanizar y garantizar procesos que no revictimicen, que no perpetúen la sensación de abandono”, expresó Cabello Blanco.

Y es que en reiterados pronunciamientos, para la Procuraduría la violencia contra la mujer u otras personas con identidad de género diversa debe analizarse y entenderse como un problema estructural, que implica un desequilibrio con graves consecuencias para las mujeres en los ámbitos social, familiar, laboral, político y cultural, entre otros. Y las cifras que se manejan preocupan, y mucho.

Con base en las más recientes cifras del Instituto Nacional de Salud, solo en 2024 se han registrado 50.374 casos de agresiones contra las mujeres. En reiteradas ocasiones, el Ministerio Público ha hecho llamados para que sus representantes continúen atentos y vigilantes en los procesos en los que intervienen, y se empoderen del rol transformador de la justicia como garantes de los derechos fundamentales.