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Judicial

La Procuraduría profirió cargos por irregularidades en la verificación del edificio Aquarela

De acuerdo con el Ministerio Público, no se presentó un concurso para definir la verificadora y la modalidad contractual fue errónea

07 de octubre de 2022

Santiago Diaz Gamboa

sdiaz@larepublica.com.co

Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de la exsecretaria general del Ministerio de Cultura, Claudia Isabel Niño, por cuenta de las presuntas irregularidades en la contratación de un concepto técnico para evaluar la estructura y el cumplimiento de las normas de sismo resistencia del edificio Aquarela ubicado en Cartagena.

De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por el Ministerio Público, el estudio fue contratado de manera indirecta a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios , con un presupuesto de $238 millones, "cuando lo procedente era la convocatoria de un concurso de méritos que permitiera la participación de múltiples oferentes".

"La ejecución del trabajo hacía parte de los estudios que se adelantaban para determinar la gravedad de la afectación al patrimonio cultural de la Nación por la construcción del complejo familiar Aquarela y hacer efectivas las medidas ordenadas en la actuación de control urbanístico adelantadas contra esa edificación", señaló la Procuraduría en un comunicado.

En el documento de pliego de cargos, el Ministerio Público indicó que, entre otras cosas, no era viable acudir a esa modalidad de contratación para suscripción del contrato "toda vez que las obligaciones pactadas no correspondían a tal esquema contractual, sino, más bien, a una consultoría, razón por la cual debió haber acudido a la modalidad de selección mediante un concurso de méritos".

La Procuraduría, además, señaló que nunca se explicó el por qué la empresa seleccionada fue la única que podía desarrollar la actividad, "cuando cualquier firma de ingenieros especialistas en temas de normas de sismo resistencia claramente también había podido desarrollar las actividades requeridas".

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de la entonces funcionaria como una falta cometida a título de culpa gravísima.

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