La Superintendencia de Salud impuso multas hasta por $65.873 millones el año pasado

La Superintendencia de Salud reveló su último informe de gestión, correspondiente al año 2020. Fabio Aristizábal Ángel, quien está al frente de la entidad, aseguró que el resultado de este reporte es el análisis de estadísticas de las acciones llevadas a cabo por la Supersalud.

“A través de infografías estadísticas se continúan visibilizando, de forma amigable y entendible, las principales actividades, resultados y logros en el ejercicio de las funciones a cargo de la entidad y se continúa fortaleciendo la cultura estadística, enfocada a suministrar datos de calidad que impacten de forma positiva la gestión”, dijo.

Los datos referidos por Aristizábal arrojaron que, durante el año pasado, se impusieron $65.873 millones de multas a entidades vigiladas. De este monto, 40% del total obedeció a fallas en la prestación de los servicios de salud; el año pasado presentó la particularidad del covid-19, razón por la que las entidades tuvieron que sortear mayores retos que en periodos pasados. Asimismo, 34% del monto total de esas sanciones se generó por el incumplimiento en el flujo de recursos de la salud.

Otro dato clave a destacar en el informe es que, del valor impuesto en multas a entidades vigiladas, 64% fue a EPS, 22% a IPS y 10% a Entidades Territoriales. Con estas cifras, es importante preguntarse qué sucede con la prestación del servicio y los recursos de la salud, pues fueron las razones que más generaron sanciones.

Fallas en la salud

Para Jesús Albrey González, gerente general de González Páez Abogados y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, las principales fallas que han originado estas multas están asociadas a dos temas: el acto médico y los aspectos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

“Es importante resaltar que los prestadores tienen una competencia y la actividad médica requiere la gestión de unos riesgos asociados a dicha actividad. La gran falencia es la poca actividad de gestión de los riesgos desde la prevención; solamente actúan cuando ya hay una denuncia y un problema relacionado con un usuario. Es necesario que desde los departamentos de calidad y jurídicos de las entidades se pueda trabajar en políticas de prevención de daño antijurídico que resulten en beneficio del paciente”, dijo.

Aristizábal reveló que cerca de 20 millones de usuarios en Colombia están dentro de una entidad que no cumple con los iniciadores de desempeño. Y es que dichas fallas en la prestación de salud representan millonarias multas según el informe de la Supersalud, pues por prestación de servicios se generaron $23.217 millones en sanciones.

“Es necesario trabajar en aspectos claros como los elementos obligatorios del consentimiento informado y el diligenciamiento correcto de los recursos de historia clínica”, agregó González sobre algunas acciones necesarias en las entidades. A lo anterior agregó que los estándares de información a los usuarios deben cumplir con unos requisitos normativos, además de que debe existir una correcta comunicación entre entidades aseguradoras y los prestadores de servicios.

Sobre el aspecto informativo, el informe reveló que el no reporte de información representó $15.173 millones en multas durante el año pasado.

Flujo de los recursos de salud

El incumplimiento relacionado con el flujo de los recursos de la salud es el segundo motivo que más sanciones ha generado. Con corte a 31 de diciembre de 2020, este motivo generó $19.618 millones en multas impuestas por la Superintendencia de Salud.

Al respecto, González explicó que el flujo de recursos en Colombia ha sido siempre un temas estructural y una falla constante en el sistema de salud en el país. “Tenemos grandes brechas que debemos cerrar, pues tenemos una inembargabilidad de estos recursos y tenemos, por otro lado, una gran cantidad de deudas que no se les están pagando a los prestadores de salud”, afirmó.

Sobre este punto, el superintendente Aristizábal reveló en días pasados que las EPS sin medida de vigilancia tienen un promedio de deuda de $289.000 millones; en cambio, las entidades con medida de vigilancia especial tienen hasta 300 días de mora y la deuda es $534.000 millones. Sobre las empresas vigiladas, se conoció que hubo 545 sanciones. Del total, 59% fueron impuestas a IPS y 26% a EPS.

Medidas especiales

Durante el año pasado, la Supersalud tuvo 42 entidades con medidas especiales. Se conoció de 27 EPS dentro de esta categoría, nueve tuvieron una intervención forzosa para liquidación; por otro lado, de 15 IPS liquidadas, 14 tuvieron una intervención forzosa par administrar.

González aseguró que la Supersalud cumple con una función de imposición de carácter sancionatorio. “Las medidas de vigilancia especial de la Superintendencia están dentro del Estatuto Orgánico del sistema financiero como unas medidas para evitar que las entidades entren en un escenario de liquidación”, dijo. Sobre estos escenarios de liquidación, en 2020, 260 IPS privadas fueron liquidadas voluntariamente.