La Supersociedades investiga 10 casos de soborno transnacional

El 19 de abril de 2017 fue una fecha clave en la operación de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), filial para Latinoamérica de la compañía pública española Canal Isabel II. Fue ese día cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el director de Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez, las fichas claves del “Caso Leso”, fueron capturados.

Como “Caso Leso” se le conoce a la investigación por prácticas de corrupción que se vivía al interior de la empresa española para beneficiar tanto a directivos como a miembros del Partido Popular.

Ese mes el nombre de la firma también empezó a ser noticia en los diarios locales, porque parte del saqueo de dineros que se estudiaba en España involucraba las operaciones de sus diferentes empresas (tres de ellas en Colombia) en América Latina.

Esos hechos, sumados a una presunta entrega de bolsas con dinero en Cartagena, que denunciaron medios españoles, por parte de la tesorería de Inassa a funcionarios públicos colombianos, fueron las eventualidades que pusieron a Inassa en el radar de la Superintendencia de Sociedades.

Como resultado, y luego de crearse un grupo de trabajo especializado, entrenar personal investigador y poner en marcha un laboratorio forense, mediante la Resolución número 200-002899 del 6 de julio de 2018, la Supersociedades impuso una multa por $5.078 millones a Inassa. “La decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia declarara que Inassa habría incurrido en la conducta de soborno transaccional contemplada en la Ley 1778, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016”, según explicó el superintendente Francisco Reyes Villamizar.

De acuerdo con la Superintendencia se trata del primer caso de este tipo que se sanciona en el país y uno de los primeros de América Latina. Sin embargo, la entidad tiene por lo menos 10 más en estudio, una cifra que resulta representativa si se tiene en cuenta que la media en los países de la Ocde es de 50.

Para Andrés Bernal, socio de Governance Consultants, “no solo la Supersociedades, sino en general, los órganos de control, hoy son más conscientes de la responsabilidad que tienen en atacar grandes casos de corrupción. Pero al final, lo más importante no es la multa sino el efecto que tiene la capacidad de perseguir y encontrar a los culpables, sobre la cultura de la sociedad y las compañías”.

La aceptación de la infracción por parte de Inassa y nueve criterios más, graduaron el monto impuesto por la Super. Como resultado, la compañía tendrá cinco días hábiles para pagar el monto y 10 para interponer un recurso de reposición si así lo decidiera.