Las reforma a la justicia cambiaría la facultades electorales de las Altas Cortes

Los recientes escándalos de corrupción en la Rama Judicial conformaron uno de los principales temas de la agenda del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se está llevando a cabo hasta hoy en Pasto, Nariño.

A partir de un conjunto de disposiciones que el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, resaltó como necesarias para poner fin a la politización de las Cortes y mitigar los conflictos de intereses de los aspirantes a magistrados, se firmó el Pacto Nacional de los Poderes Públicos en Colombia, una declaración que establece los cambios clave en la Reforma Estructural a la Administración de Justicia.

Las seis modificaciones que el acuerdo propone se enfocan en cambiar las facultades electorales de las Altas Cortes; el sistema de disciplina de jueces y abogados; los requisitos y procedimientos de elección de magistrados; y el sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial. Otra reforma se haría en los requisitos para el ejercicio de la profesión de derecho, que deberían ser más exigentes.

Otro punto enfatiza en la necesidad de examinar el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, y en la importancia de implementar un esquema que permita investigaciones eficaces sin afectar la independencia de la administración de Justicia y del Ministerio Público.

Además del Procurador, entre los firmantes está el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; y los presidentes de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero; del Congreso de la República, Efraín Cepeda Saravia; del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Olano; de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverry; y del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez.

En la declaración, los funcionarios manifestaron su consternación por la situación actual de los poderes públicos, mostraron su respaldo a las investigaciones que se están adelantando e invitaron a otros sectores como la academia, ONG, funcionarios y empleados judiciales a participar del debate.

Igualmente se estableció que los presidentes de las Cortes participarán de la preparación de la reforma y que conjuntamente trabajarán en la modificación de los manuales internos de las instituciones y en el establecimiento de mecanismos de autorregulación en cada una.