“Le temen a que se conozcan los dueños de la tierra”: Olga Lucía Velásquez

Con una inversión de $2,6 billones en los próximos siete años, el Estado espera crear el catastro multipropósito y conocer exactamente cómo está distribuida la tierra en el país, según explicó a AL la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, ponente del proyecto de Ley.

¿Qué tanto requiere el país actualizar la información catastral?
El país evidentemente necesita una actualización catastral, porque 25% del territorio del país, que especialmente es la zona rural, no tiene un avalúo catastral, no tiene una cartografía real de su territorio y no sabemos cómo es la actualización del territorio. Igualmente, según el Igac, cerca de 60% del catastro está desactualizado. El país necesita un solo registro que sea la misma información en todos lados. Esto está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y en un Conpes.

¿En qué va este proyecto actualmente?
El proyecto ya fue radicado por el Gobierno. En este momento se está desarrollando un plan piloto y se espera que para 2023 ya tengamos todo el catastro actualizado, conformado y actualizado en el país.

¿Qué beneficios tendrá para las zonas rurales este sistema?
Hay muchos predios rurales de los que no sabemos ni cuánto es su extensión, ni quiénes son sus dueños y menos su valoración económica, por tanto, no pagan un valor predial justo. Frente al tema hay ventajas y temores.

¿Cuáles son esos temores?
Que se tenga la realidad de quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en este país; y que gente que hoy no tiene legalizada la tierra y no paga impuestos empiece a pagar.

¿Y los beneficios?
Los beneficios son que nosotros necesitamos tener esa fotografía catastral para hacer un verdadero desarrollo y poder hacer políticas de inversión específica frente a la vocación de la tierra. Además, un número único predial va a garantizar trazabilidad de la información y será la misma en todo lado.

Usted como ponente, ¿qué le ve de malo al texto?
Es un proyecto positivo, pero lo malo es que pretende elevar a servicio publico una función pública que es el catastro. Entonces, el proyecto dice que el catastro es un servicio público, porque lo conecta a un derecho frente a la tenencia de la tierra, pero por ser servicio público tengo que crear toda una infraestructura: un ente regulador, una superintendencia, unos operadores privados y se crea una tasa para el servicio público. Lo que se tiene que hacer es fortalecer al Igac y que el Estado asuma ese costo, ya que no será un gasto sino una inversión que servirá para crear políticas públicas, desarrollar inversiones, recaudar impuestos y consolidar información.

¿De cuánto sería esa tasa que menciona?
La crearía cada entidad territorial, eso varía porque depende del tamaño de las extensiones que se quieran avaluar, pero esa no es la solución al problema de actualización de tierras que tiene el país.

¿De dónde van a salir $2,6 billones del proyecto?
El proyecto dice que de regalías. Si al país le interesa hacer una actualización catastral, material y económica de los bienes inmuebles y de los terrenos que hay, necesita generar una inversión y no gasto. Si se hacen préstamos para diferentes proyectos de inversión en el país, ¿por qué no se hace un préstamo al BID, por ejemplo, para poder hacer la actualización catastral?

¿Cómo va a ayudar esto para mejorar las condiciones económicas de las zonas rurales?
Puede ayudar a solucionar problemas de inequidad en el uso de la tierra, depende de cada ente territorial y de los desarrollos que haga el Ministerio de Agricultura y del potencial que tenga para cada región. Si hay programas conjuntos para poder desarrollar esta tierra, eso va a beneficiar a pequeños y medianos campesinos también.