Los contratistas de Hidroituango pagarían $800.000 millones para terminar el proyecto

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Hoy será un día crucial para el desenlace del proyecto eléctrico Hidroituango, pues se espera que EPM, Mapfre Seguros Generales de Colombia y la Contraloría General de la República lleguen a un acuerdo para el pago de la indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción. El pago es por la contingencia del proyecto, por US$983,8 millones, de los cuales ya se han desembolsado US$350 millones como anticipo.

Cabe recordar que recientemente la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, que dejó en vilo el proyecto porque la ejecución del fallo inhabilitaría a los contratistas a seguir con la obra, hasta tanto no se extinga la obligación.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que el fallo fiscal “permite ganar el primer tiempo en Hidroituango: contratistas tendrán que pagar $800.000 millones, Mapfre $3,9 billones y Sura $400.000 millones. Sin embargo, aún hay que ganar el segundo tiempo, recuperar lo que no cubren las aseguradoras”.

Vale la pena anotar que, después de que se conociera la intención de llegar a un acuerdo, Sura Seguros aclaró que no tuvo “participación en las reuniones que presuntamente esa organización sostuvo desde la ciudad de Madrid (España), ni tampoco ha participado en preacuerdo alguno”.

Según el mandatario local, el monto correspondiente a los contratistas obedece al deducible. Sin embargo, el “segundo tiempo” sería recuperar más de US$1.000 millones que no fueron incluidos en el fallo de la Contraloría y no están cubiertos por las aseguradoras.

“Debemos garantizar que los contratistas respondan por la otra mitad de pérdidas que no cubre la aseguradoras. Esto es más de US$1.000 millones por cambios de diseños, obras subacuáticas, estabilización de la montaña y revestimientos de túneles”, agregó.

Se espera que, en la reunión de hoy, la resolución del denominado “primer tiempo” se materialice en un acuerdo y, aunque al cierre de esta edición no había pronunciamientos oficiales, Asuntos Legales conoció que los contratistas estarían dispuestos a asumir el deducible para concluir el proyecto.

Sobre el pago, han surgido dudas porque dos de ellos están en reorganización. No obstante, Juan Pablo Liévano, exsuperintendente de Sociedades, explicó que si el fallo fiscal está ejecutoriado es un crédito de concurso, pero por las nuevas normas la Contraloría no necesita concurrir al concurso y se paga por fuera de él, con preferencia.

“Las nuevas normas de la Contraloría General de la República acabaron con el concurso de acreedores y van a dificultar la financiación de los proyectos y la consecución de seguros”, concluyó.