María Alejandra Benavides, exasesora del MinHacienda, será imputada el 8 de mayo

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Fiscalía confirmó que María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, será imputada el 8 de mayo por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias dentro de la investigación que lleva la entidad por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

El ente acusador explicó que Benavides, quien trabajó de cerca con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presuntamente intervino en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones.

Los contratos, que fueron asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca), y Carmen de Bolívar (Bolívar), fueron utilizados como un mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.

La entidad explicó que la intención de dicho desviamiento era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el ejecutivo.

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Los legisladores involucrados son Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes promovieron conceptos favorables para ejecutar operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Cicp, a cambio de contratos gestionados por la Ungrd.

Benavides Soto se desempeñó como asesora técnica del viceministerio general del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024. Tras revelarse posibles irregularidades en la gestión de recursos asignados a la Ungrd, la exasesora abandonó el cargo, pues, presuntamente, fue una de las personas clave en la estructuración de las partidas presupuestales relacionadas con los contratos hoy investigados.

Las indagaciones sobre su participación se suman a otras líneas del caso Ungrd en las que altos exfuncionarios y contratistas se ven comprometidos.

Con las investigaciones, las autoridades competentes buscan determinar la magnitud de la red de tráfico de influencias, desvío de recursos y favorecimientos políticos a partir de contratos públicos, que estuvieron en manos de esta organización.