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Judicial

Mario Montoya será remitido a Unidad de Investigación y Acusación, Fiscalía de la JEP

La decisión es por no reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra en el oriente antioqueño, donde se presentaron al menos 118 víctimas

18 de diciembre de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


Mario Montoya
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

Por no reconocer su responsabilidad en la consolidación del patrón macrocriminal en el que se inscriben por lo menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, mientras ejercía como comandante de la IV Brigada, y a pesar de las pruebas que obran en su contra, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió este miércoles remitir el caso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía de la JEP.

Montoya, quien se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003, sigue siendo investigado en el marco del Caso 03, que abarca violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.

La UIA, que tiene la facultad de continuar con la investigación, deberá decidir si acusa al exoficial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz.

En caso de ser hallado culpable, Montoya enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y homicidio en persona protegida.

La decisión de la JEP se basa en la evidencia que demuestra que Montoya fue responsable de un patrón de crímenes sistemáticos en su jurisdicción, conocido como "falsos positivos", donde las víctimas fueron asesinadas y luego presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

La Sala documentó tres modalidades de actuación, entre las que se encuentran la sustracción forzada de personas, el engaño a víctimas vulnerables para su traslado a lugares donde serían asesinadas y el homicidio de personas fuera de combate.

Según el informe de la Sala, Montoya no solo permitió que estos crímenes ocurrieran, sino que también generó un ambiente institucional que promovió la obtención de bajas a cualquier costo, a través de una política que desestimaba la captura de combatientes y fomentaba el uso indiscriminado de la fuerza militar.

Este comportamiento, detallado a través de testimonios y documentos, incluyó frases como "resultados por barriles de sangre" y el rechazo a otros logros operacionales como las capturas.

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