Instalaciones de más de 20 juzgados fueron afectadas por el incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá

La presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, rechazó los desmanes y actos vandálicos en el centro del Valle, que dejaron como resultado el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá. Aseguró que el incendio consumió las instalaciones de cerca de 22 juzgados penales, civiles y laborales del circuito de la ciudad.

La funcionaria manifestó que se destruyeron expedientes, en su mayoría de procesos de carácter penal, aunque todavía no existe un balance oficial de los daños, afectaciones y heridos por el incendio.

“Hemos solicitado a los organismos responsables de la protección que hagan cierres perimetrales en varias sedes judiciales del país amenazadas, entre las que se encuentra el Palacio de Justicia de Bogotá y las sedes de Cartago y Facatativá. Se debe buscar la solución al descontento social, pero esta no es la forma”, comentó López.

La presidente aseguró que se ha venido adelantando la digitalización de los procesos en las sedes del país, para que este tipo de hechos no afecten las labores judiciales. El inventario de los expedientes se hará luego de una evaluación de la estructura.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se trasladó hasta Tuluá para participar en un Consejo de Seguridad.

El presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema Justicia, Francisco Ternera, también rechazó los sucesos.

Lo mismo hizo Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente Corte Suprema de Justicia, quien expresó mediante un comunicado: "Los actos de violencia deben detenerse de inmediato. La Corte Suprema de Justicia rechaza rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá - Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio".

Explicó que las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos y alertó que los incendios erosionan las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos.

"Estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución".