Medida de aseguramiento para ocho personas vinculadas con senador José Correa

El Juez 49 con función de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento contra ocho personas investigadas por la presunta suscripción de un contrato entre el alcalde de El Peñón (Bolívar) y funcionarios de Coldeportes de manera irregular, tres de los implicados irán a la cárcel y cinco a detención domiciliaria.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante el año 2016 y se extendieron hasta el 2018, momento en el que Arling Arias García, alcalde de El Peñón, suscribió un convenio con Coldeportes para la construcción de una cancha sintética de Fútbol 11 en el barrio La Concepción.

Este convenio habría sido priorizado porque, al parecer, era un cupo indicativo para el congresista y vicepresidente del Senado de la República, Antonio José Correa, quien presuntamente intervino a través de Mariela Margarita Trujillo Buelvas, una de sus asesoras de la Unidad de Trabajo Legislativo, y contó con el auspicio de funcionarios de Coldeportes, contratistas y particulares.

Indicó la Fiscalía que Buelvas habría buscado a un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto, con el fin de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario contactado plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tenían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016.

Entre tanto, el ente acusador señaló que el alcalde del municipio contactó a un contratista que le serviría como firmante del contrato y quien se habría comprometido a pagar una “coima” equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el mandatario municipal.

Del mismo modo, se evidenció en la investigación que durante el 2017 “fue evidente que los diseños no sirvieron. La contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran técnicamente el proyecto. Aunque se hizo el pago, los diseños jamás fueron ajustados”.

Señaló el fiscal del caso que durante el mes de noviembre de 2017 se hizo urgente aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, por lo que el funcionario de Coldeportes dio vía libre a este, teniendo en la cuenta que los estudios presentados eran totalmente falsos.

Una vez suscrito el convenio, en marzo de este año se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, en donde los contratistas conocían que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos.

En ese sentido, las investigaciones del ente acusador permitieron establecer que el pago de 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la “coima” al inicio de la gestión y 40% restante al momento de la firma del convenio.

Igualmente, se determinó que el alcalde habría recibido al menos $50 millones por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido $10 millones por realizar los diseños del proyecto y $4 millones por ajustarlo y viabilizarlo.

El fiscal del caso pudo constatar que los dineros se habían entregado en efectivo con el fin de no levantar sospechas y evadir controles de pagos, por lo que el dinero que le correspondía a Trujillo Buelvas le fue consignado en la cuenta bancaria de su hijo.

Los procesados
Conocidos los hechos, ante los estrados judiciales estuvieron Arling Arias García, alcalde de El Peñón; Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Antonio José Correa, y Gustavo Álvaro Velandia Segura, funcionario de Coldeportes, quien viabilizó técnicamente el proyecto.

Del mismo modo, fueron estuvieron Jairo Fidel Ortega Chaparro, funcionario de Coldeportes, a quien le pagaron por ajustar los diseños estructurales; Edwin Fabián Moreno Ruiz, funcionario de Coldeportes que filtraba información de la viabilidad del proyecto y sacaba e introducía documentos para lograr la celebración del convenio, y los contratistas Carlos Celestino Martelo Sarabia y Vanessa Margarita Deyongh Yepes.

Igualmente, se presentaron ante el juez Carlos Hernán Rivera Lozano ex funcionario de Coldeportes, quien a su vez tenía una empresa para ofrecer a los alcaldes los diseños de los proyectos y su posterior viabilización.