Ordenan a Minjusticia definir política pública para la atención en materia carcelaria

La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, emitió un fuerte llamado al Ministerio de Justicia para implementar medidas que mejoren la atención a la población privada de libertad en las cárceles del país.

Según el auto 1745 de 2024, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, se identificaron diversos hallazgos que destacan la urgente necesidad de garantizar mínimos constitucionales en áreas como infraestructura, alimentación, salud, acceso a la administración pública y resocialización.

La Corte ordenó al Ministerio de Justicia que, en un plazo de seis meses, tome medidas para finalizar la construcción del Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional, Eron, en Pílamo, Risaralda, y el proyecto carcelario en Sabanas de San Ángel, Fundación, Magdalena. Además, se solicitó concluir la vía de conexión al establecimiento y obras relacionadas con el manejo de aguas superficiales.

En relación con la alimentación, la Sala recibió múltiples quejas de reclusos, juzgados, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo sobre las deficientes condiciones del servicio alimentario en varios centros penitenciarios, como el Pedregal en Medellín y La Picota en Bogotá.

Respecto a la salud, la Corte advirtió que el derecho a la salud de los reclusos se ha visto comprometido por una grave crisis en el sistema. Inspecciones judiciales realizadas en junio de 2023 y mayo de 2024 en la cárcel Buen Pastor y el Complejo Penitenciario de La Picota evidenciaron obstáculos significativos en el acceso a servicios de salud, tales como la falta de medicamentos, diagnósticos incompletos y escasez de personal para traslados.

Finalmente, la Sala enfatizó que la política pública del sistema penitenciario debe incluir la asignación de recursos financieros adecuados para cumplir con las órdenes emitidas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá colaborar en la formulación y ejecución de esta política en conjunto con otras entidades del Estado.