Penalistas piden que este tipo de justicia sea cobijada por la digitalización de la rama

El 4 de junio de 2020, en medio de la pandemia, el presidente Iván Duque expidió el Decreto 806, que permitió llevar a cabo los procesos judiciales a través de herramientas TIC.

Como se trató de una medida temporal, su vigencia estaba contemplada hasta este año. Sin embargo, fueron tantos los beneficios que introdujo que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para incorporar su contenido al ordenamiento jurídico de manera permanente.

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La iniciativa, que está a un debate de convertirse en ley, se aprobó esta semana en la Cámara de Representantes, acogiendo una solicitud del magistrado Fernando Castillo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que la justicia penal no sea cobijada por la norma y vuelva a la presencialidad.

Lo anterior, con el argumento de que en los procedimientos penales están en juego los derechos y las garantías de las personas, por lo que la virtualidad no es la forma idónea para llevar a cabo esos procesos.

Abogados como Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, y Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía, calificaron la medida como “absurda”, por lo que insisten en que, en el debate en el Senado, no se acoja esa disposición.

“Es evidente que a pesar de los beneficios que presentó el Decreto, los representantes prefirieron acoger la recomendación de Castillo, seguramente, por la autoridad que tenía como vocero de la CSJ”, dijo Bernate.

Según cifras del Colegio de Abogados Penalistas, el ejercicio virtual de la justicia generó ahorros de $14.000 millones en gastos como los servicios públicos.

Además, la medida aportó a la descongestión de los procesos judiciales, teniendo en cuenta que se pasó de 20.000 audiencias en 2019 a más de 220.000 en 2021.

Bernate criticó el argumento del vicepresidente de la Corte, señalando que “en todas las justicias se ponen en juego los derechos y las garantías de los acusados”, y cuestionó que se quieran reversar los avances logrados en materia de administración y acceso a la justicia.

Mejía agregó que la presencialidad debería volver solamente para el juicio oral, pues solo allí “tendría sentido”, ya que el juez contaría con todos los elementos para judicializar a los acusados al tenerlos de frente. “En esta situación se justifica porque el juez puede constatar que al acusado no le están soplando las respuestas, ni está utilizando telepronter, ni tiene un discurso”.

Los penalistas aseguraron que trámites como la acreditación de poderes, la remisión de documentos y la notificación de las decisiones vía digital, son avances que no se pueden perder.

Por lo anterior, tanto jueces, como defensores públicos y abogados han enviado solicitudes al Senado para que amplíen la digitalización de la justicia al derecho penal.