Expertos piden una regulación diferenciada para los cigarrillos tradicionales y los electrónicos

Un grupo conformado por más de 1.600 expertos, académicos y médicos radicaron una carta ante la Comisión VII del Senado para manifestar la necesidad de incluir un enfoque de reducción de riesgos y daños en el articulado del proyecto de ley No 039/20 que busca modificar la Ley Antitabaco, propuesto por el senador José David Name, y para que se logre incorporar una regulación diferenciada entre los cigarrillos tradicionales y los nuevos productos de nicotina sin combustión.

“El proyecto pretende equiparar los dispositivos electrónicos con los cigarrillos convencionales y eso técnicamente no es viable. Esta falta de regulación diferenciada no solo pondría en peligro a las personas que consumen este tipo de dispositivos, sino que también dejaría desprotegidos a los menores de edad”, manifestó Julián Andrés Quintero, director de la Acción Técnica Social Colombia, la asociación sin ánimo de lucro que lideró esta declaración.

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En concreto, en el documento, que contó con el apoyo de expertos como el exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, o el presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), Francisco Ordóñez, se solicita que se tengan en cuenta tres necesidades específicas a la hora de aprobar este proyecto.

La primera de ellas tiene que ver con la prohibición estricta y supervisada de la publicidad, venta y patrocinios orientada a los menores de edad. En segundo lugar, se pide que se definan los criterios técnicos y científicos necesarios para el control de calidad de los dispositivos y sus accesorios. En ese sentido, se solicita castigar el mercado negro y la fabricación artesanal.

Por último, se reclama que se brinde información veraz y objetiva sobre los riesgos, daños y beneficios asociados al uso de estos dispositivos con una inducción obligatoria para su uso. “Se necesita incluir la participación de los consumidores en la planificación e implementación de la regulación y también reducir el riesgo y el daño, que las personas tengan información”, dijo Quintero.