Procurador denunció reclutamiento de menores durante época de pandemia

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, denunció ante la Fiscalía General los numerosos reclutamientos de menores de edad llevados a cabo por el ELN y las disidencias de las Farc en medio de la emergencia por covid-19. Carrillo presentó el problema a través de un documento en el cual pidió que se tomaran acciones para mitigar el problema.

Carrillo pidió a la Fiscalía que "se de curso a una investigación criminal bajo la convicción de su priorización, conforme a la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados y de sus familias y miembros de las etnias enunciadas en el texto; se proceda, de acuerdo con la normatividad, a solicitar ante el juez de control de garantías la audiencia preliminar de imputación de cargos”.

Dentro del documento, además, están especificados por el jefe del Ministerio Público varios grupos al margen de la ley que han perpetrado este delito contra los menores y sus familias. El Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) son algunos de las organizaciones criminales denunciadas en el documento.

Carrillo puntualizó que los grupos anteriormente nombrados buscan medios y métodos para realizar actos terroristas, tráfico y fabricación de estupefacientes, explotación ilícita de yacimientos mineros y la obstaculización de tareas humanitarias.

Adicionalmente, se precisó en el documento que gracias al trabajo en conjunto de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fuerza Pública, organizaciones indígenas y demás líderes se logró identificar los casos de reclutamiento ilícito o el uso de menores de edad en acciones delictivas.

El Procurador hizo un llamado final a priorizar las investigaciones para develar los sucesos relacionados con el reclutamiento durante la emergencia, puesto que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.