Procuraduría estructuró política pública para activar tecnología blockchain

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La Procuraduría General de la Nación estructuró una política pública para implementar la tecnología del blockchain o cadena de bloques como una de las medidas para luchar contra la corrupción en el área de contratación.

La política se desarrolló con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad Nacional y el equipo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del World Economic Forum (WEF, por sus siglas en inglés).

Durante el Foro se resaltó la prueba piloto de un software (PoC), proof of concept, según sus cifras en inglés, que fue diseñado, especialmente, para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual, según el informe del WEF “ha sido históricamente propenso a la corrupción en el país”.

La herramienta sería utilizada como mecanismo para la vigilancia preventiva de la contratación pública con el fin de contribuir a la transparencia gubernamental y la reducción de la corrupción. En el caso del PAE, permitiría identificar las manipulaciones de los contratos.

“Claramente la tecnología y la política solo pueden mitigar la corrupción de forma limitada, es necesario un cambio cultural y social para abordar las arraigadas prácticas de corrupción”, señaló el WEF.

La medida además de proponer políticas para fortalecer la contratación pública, brinda pautas de gobernanza con el fin de implementar de manera efectiva el sistema tecnológico del blockchain.

Además, la herramienta resalta la importancia de la participación y compromiso de la ciudadanía para garantizar el éxito del sistema a través de la supervisión del público frente a la información compilada.