Procuraduría General destituyó e inhabilitó al concejal de Medellín Juan Carlos Upegui

La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión contundente en el caso del concejal de Medellín Juan Carlos Upegui, sancionándolo con una destitución e inhabilidad de ocho años para ocupar cargos públicos.

Este fallo de primera instancia, dado a conocer por el procurador regional Edwin Rodrigo Bastidas, está relacionado con un proceso disciplinario que involucra a Upegui y su vínculo con un cargo público desempeñado por su padre, Carlos Alberto Vanegas.

La sanción tiene su origen en que Upegui asumió el cargo de concejal el 2 de enero de 2024, después de haber quedado segundo en la carrera por la alcaldía de Medellín, que finalmente ganó Federico Gutiérrez.

Según la ley, la situación de Upegui era incompatible con su elección debido a que, para el momento de las elecciones, su padre, Carlos Alberto Vanegas, ocupaba el puesto de rector de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá, un cargo público que, conforme a la normativa vigente, se encontraba prohibido para los familiares de quienes aspiren a cargos de elección popular.

Aunque Upegui intentó defenderse señalando que no se inscribió para ser candidato al concejo, sino que su elección fue una consecuencia indirecta de su campaña a la Alcaldía, el procurador Bastidas desestimó su postura.

En su fallo, Bastidas subrayó que la moralidad administrativa es un principio constitucional que debe ser respetado por todos los servidores públicos, y que la conducta de Upegui contravino este principio.

El exfuncionario de la administración de Daniel Quintero reaccionó a la decisión a través de su cuenta en X, calificando el fallo como una maniobra política del uribismo para eliminar a sus adversarios. "La Procuraduría me acaba de inhabilitar 8 años para ejercer cargos públicos por ser hijo de un profesor, nunca se había producido un fallo así. El uribismo usa esta entidad como una arma política para eliminar sus adversarios. Apelaremos la decisión y seguiremos luchando para recuperar los derechos políticos", escribió Upegui.

Ahora, Upegui y su defensa tienen un plazo máximo de cinco días para presentar argumentos que justifiquen su permanencia en el cargo, a pesar de la relación de su padre con el cargo público de rector en una institución estatal. La apelación podría modificar la decisión tomada en primera instancia, aunque por el momento, la sanción sigue vigente.