Procuraduría inició actuación disciplinaria por crisis alimentaria en cárcel de Cómbita

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de Indagación previa frente a la situación de crisis alimentaria en el establecimiento penitenciario de Cómbita.

Con la Indagación, la Procuraduría busca establecer si existe posible responsabilidad en funcionarios de la Unidad de Servicios penitenciarios y Carcelarios, USPEC, en cuanto a irregularidades que se presentan en la ejecución del contrato para el suministro de alimentos a las cerca de 4.000 personas privadas de la libertad, PPL, en la Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

Dichas irregularidades comprenden hechos como desabastecimiento y descomposición de alimentos, incumplimiento en la ejecución del contrato, el cual, no cuenta con supervisión ni interventoría.

Crisis alimentaria en Cómbita

En las visitas especiales que habría realizado el Ministerio Público, pudieron evidenciar que existe un incumplimiento total en el horario de suministros de alimentación; un desabastecimiento en la materia prima para la preparación de los alimentos; y una descomposición en los insumos alimenticios como queso, tubérculos, frutas y verduras, además de proteína como la carne de hamburguesa.

En las cuatro visitas realizadas en las últimas dos semanas, el Ministerio también evidenció que el nuevo operador, U.T Andino Colombiano, hasta el momento no había suministrado los electrodomésticos necesarios como refrigeradores, estufas, hornos, picadoras, licuadoras, congeladores y planchas, todos necesarios para el funcionamiento del sistema alimentario.

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Por ende, las circunstancias constituyen para la Procuraduría un incumplimiento "flagrante y sistemático del acuerdo contractual, sin que a la fecha se conozcan requerimientos o inicio de proceso administrativo por parte de la entidad contratante, USPEC, además de no haberse contratado la correspondiente interventoría y no advertirse supervisión en el centro penitenciario". afirmaron desde la entidad.

Indagación previa

De esta manera, los hechos evidenciados llevaron al inicio de Indagación previa por parte de la Procuraduría, propenso a revisar el proceso surtido en la fase pre contractual y contractual, "que derivó en la adjudicación de este contrato, con revisión especial del cumplimiento de los requisitos habilitantes, (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, y de organización)", según afirmaron.

Con lo anterior, la entidad busca establecer si existe una posible responsabilidad de los servidores que elaboran los actos administrativos pre contractuales y tomaron las decisiones de fondo en la etapa contractual, como lo refiere el auto de apertura.

De esta manera, entre las pruebas solicitadas para la Indagación, se encuentran copias de los estudios previos, actos administrativos, decisiones de fondo, calificación de oferentes, respuestas a las observaciones presentadas, acto de adjudicación y contrato del operador para el suministro de alimentación.

Y así mismo, el acta de inicio del contrato identificando plenamente a cada funcionario responsable en cada una de las etapas del mismo, además de cada acto administrativo proferido en el proceso de selección y contratación.