Procuraduría investiga al alcalde de Santa Marta por temas de contratación estatal

El PAE de Santa Marta está en la mira de la Procuraduría General. Según investigaciones de la entidad, las autoridades municipales no iniciaron a tiempo la gestiones necesarias para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, que cobija a más de 72.000 estudiantes samarios.

Según reveló el Ministerio Público, el proceso de licitación para asegurar la ejecución del programa se inició en marzo, con lo que se comprometió la ejecución del contrato que buscaba garantizar una efectiva alimentación para los jóvenes de la ciudad que estudian en 73 instituciones educativas.

El procurador general Fernando Carillo anunció que por estos hechos abrió investigación contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y al secretario de educación del municipio, Julio César Aguilar.

Para Carrillo, “resulta inquietante el hecho de que la administración municipal no hubiera, aparentemente, iniciado a tiempo las gestiones y trámites pertinentes para garantizar la prestación eficiente y eficaz del PAE desde el inicio del calendario escolar”.

Otro de los anuncios de Carrillo durante su jornada en la ciudad de Santa Marta fue la radicación de una acción coordinada por el Ministerio Público para que autoridades locales descontaminaran de la bahía de Santa Marta.
Bajo concepto de la Procuraduría, se están vulnerando los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región. Dentro de la acción colectiva, se le solicitó al tribunal administrativo de la ciudad que ordene la suspensión de los vertimientos de residuos industriales de las empresas Corpomag y Dadsa.

También solicitó a la Dirección General Marítima que inspecciones las aguas de la bahía para analizar las sanciones contra estas empresas.