Procuraduría invitó al Gobierno a proteger la vida de exmiembros de las Farc

En un documento de siete páginas, la Procuraduría invitó al Gobierno a hacer uso de mecanismos que eviten el asesinato de exmiembros de las Farc desmovilizados y reinsertados en la vida civil. Es necesario, según la misiva, que se implementen medidas que prevengan y protejan la vida estas personas, quienes se encuentran en un proceso de reincorporación.

El procurador Fernando Carillo instó a los servidores públicos a que no se lleven a cabo acciones que puedan estigmatizar a los exmiembros, puesto que esto representa hostigamiento y violencia contra ellos. También invitó a los procuradores delegados a actuar cuando se presentes amenazas, tentativas de homicidio o desapariciones.

El Ministerio Público recomendó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) agilizar las evaluaciones de riesgo para implementar las medidas de protección de la población; de esta forma se busca generar acciones que sean más oportunas y efectivas.

La UNP también tiene la responsabilidad de crear planes de seguridad encaminados a proteger a las mujeres, puesto que, según las peticiones del Procurador, ellas enfrentan situaciones diferentes de violencia.

La Procuraduría hizo un llamado al Alto Gobierno, especialmente al Alto Comisionado para la Paz, para garantizar la articulación, implementación y correcto funcionamiento de los planes para mitigar la violencia contra exmiembros de las Farc. Además, la OACP debe diseñar una política pública y criminal para desmantelar organizaciones delictivas que atenten contra la vida de los desmovilizados.

El Gobierno Nacional, junto con el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Consejería Presidencial para la Estabilización, deben crear planes estratégicos que eviten la difamación de los afectados.

Carrillo Flórez consideró necesario implementar un Centro Integrado de Información para articular denuncias y testimonios; también El Ministerio de Defensa tendrá que proteger y controlar las zonas de riesgo donde habiten los exmiembros. Por último, alcaldes y gobernadores, según el Procurador, deben tener en cuenta a los excombatientes en los Planes Integrales de Prevención.