Procuraduría pone lupa a emisiones de hornos crematorios
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre los impactos ambientales que provocan los hornos crematorios y evidenció que en Bogotá hay una falta de coordinación entre las entidades distritales para tal fin.
La entidad realizó un seguimiento al cumplimiento de las leyes que se deben aplicar y, como consecuencia de esto, la Secretaria Distrital de Ambiente suspendió como medida preventiva el uso de los hornos crematorios en el cementerio Jardines del Recuerdo, por incumplir algunos estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire.
Igualmente, la Secretaria dispuso la suspensión de actividades al cementerio Jardines de Apogeo, por no contar con permiso de emisiones atmosféricas, previo a poner en funcionamiento el horno crematorio con el que cuenta.
No obstante, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría, es preocupante el impacto negativo que puede causar las emisiones atmosféricas de hornos crematorios por lo que “evalúa el cumplimiento de la normatividad relacionada con este tipo de emisiones y analiza el control que deben ejercer las autoridades ambientales competentes a nivel nacional”.
Entre los hallazgos reportados se señala que una “falta de claridad y unificación de criterios para la interpretación y aplicación de la norma por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, en cuanto a la obligación de contar con permiso de emisiones atmosféricas, para los cementerios que cuentan con hornos crematorios”.
“Se observa que la Uaesp como entidad que lidera, coordina e informa sobre el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios (Pmcsf), no reporta ninguna información de carácter ambiental, así como tampoco información alguna para los cementerios privados. Lo anterior, desconociendo que el Plan se aplica a todas las personas naturales y jurídicas que prestan servicios funerarios y cuentan con equipamientos de cementerios y/o de atención funeraria en Bogotá, que en el marco de dicho documento se debe mantener actualizada la información del sector, y que en la Estrategia de Política Territorial Urbano-Rural del documento en cuestión, se establece que se debe orientar a instrumentar el objetivo de mitigación de impactos negativos ambientales”, dice el informe.
En ese sentido, la Procuraduría recomendó a la Secretaría de Ambiente que actué de manera más “contundente, ágil, y menos laxa, frente a las infracciones ambientales e incumplimientos normativos de los cementerios, tanto públicos como privados, generando así credibilidad en las empresas privadas y demás entidades públicas encargadas de los cementerios, así como compromiso en la protección del medio ambiente”.
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