Procuraduría suspendió a alcalde de Riohacha por supuestas irregularidades en acueducto
La entidad también abrió una investigación al mandatario por presuntas inconsistencias en la contratación y mantenimiento
02 de mayo de 2023
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por tres meses, por supuestas irregularidades en la contratación rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
Además, bajo esta misma medida el Ministerio Público abrió investigación contra el secretario de Infraestructura y servicios Públicos, Keider Freyle Sarmiento; los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda y también al tesorero del municipio, Edén Elí Moscote Roys.
Según lo presentado, “la entidad territorial inició el proceso de contratación sin tener información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes que se iban a intervenir durante la ejecución de las obras”, recalcó la Procuraduría.
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Adicionalmente, el órgano de control expresó que no se detalló en la contratación los trabajos que se realizarían bajo su correspondida programación. Igualmente, la Procuraduría dijo que, “ni se efectuó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, donde está ubicada la población más vulnerable del municipio”. Lo anterior debido a que no se detalló ni incluyó la condiciones para que los Wayuú puedan tener acceso al servicio de agua, recalando que esta comunidad está protegida constitucionalmente y jurídicamente.
Por otro lado, el Ministerio Público expresó que supuestamente no se publicó, desde el inicio, la matriz de riesgo de los contratos, lo que causó que los interesados no pudieran hacer las debidas observaciones, por lo que, presuntamente, “habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación estatal”.
Sobre la suspensión del alcalde de Riohacha, la Procuraduría resaltó que, “como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”.
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