"Publicamos contratos que eran de dominio público al estar en un lugar de libre acceso"

Uno de los personajes que hoy está en el centro de atención de la opinión pública es el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, por la revelación de los precios que le pagó Colombia a Pfizer y AstraZeneca por las vacunas de covid-19.

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La filtración de estos contratos con las farmacéuticas, desde el Consejo de Estado (que estudiaba una tutela frente a la confidencialidad de esos acuerdos), destapó información que Enciso aseguró debe ser pública (lea el documento al final de esta nota) y por eso lo subió a sus redes sociales y al portal web del organismo que dirige. Esto, no fue del agrado del Gobierno, que indicó que al violar la confidencialidad del contrato, se pone en riesgo el Plan de Vacunación.

Asuntos Legales conversó con Enciso, quien destacó: “El Gobierno se tragó el sapo y firmó un contrato cuyas cláusulas son ilegales, inconstitucionales y vulneran el derecho fundamental de acceso a la información”.

Ya había un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenaba revelar la información de los precios ¿El Gobierno se estaba saltando un mandato legal?

Hace cuatro meses el Tribunal le ordenó al Gobierno revelar los contratos. El Gobierno y las empresas han hecho todo para incumplir, pero están fracasando. Esta semana, el Consejo de Estado le negó una tutela a Janssen y confiamos en que, al final, el Tribunal reiterará su protección al derecho de acceso a la información, indispensable para el control social y prevenir la corrupción.

¿Por qué algunos culpan al Consejo de Estado si ya un Tribunal había dado la orden de revelar los precios?

Al Consejo de Estado había llegado una tutela de Janssen, que argumentaba que no le habían respetado su derecho al debido proceso en el proceso que conoció el Tribunal, porque no los habían hecho parte. El Consejo, por alguna circunstancia que aún no es clara, publicó los contratos -sin protección- en su plataforma de consultas. El Tiempo y CM& accedieron primero a los contratos y revelaron su contenido, precios y condiciones. Después nosotros publicamos los contratos que ya eran de dominio público al estar en un lugar de libre acceso.

Algunos creen que el Instituto Anticorrupción pone en riesgo las vacunas al revelar precios

No tiene fundamento. Si las farmacéuticas no le venden vacunas a Colombia, ellas son las únicas responsables de esa inmoralidad. El Gobierno no ha incumplido el acuerdo de confidencialidad y los terceros no estamos cobijados por él. Además, es el Gobierno el que puso en riesgo el plan de vacunación, al aceptar cláusulas como estas en los contratos: “2.5. (…) El Comprador renuncia a los derechos y recursos que pueda tener en Derecho, equidad o de otro modo, derivados de, o relacionados con: (i) la omisión de Pfizer de desarrollar el Producto u obtener la Autorización correspondiente en las fechas previstas señaladas en este Acuerdo; o (ii) la omisión de Pfizer de entregar las Dosis Contratadas de acuerdo con el Cronograma de Entregas”.

¿Si una farmacéutica cancela el contrato se puede demandar esa decisión porque se niega el acceso a las vacunas en plena pandemia?

Mi interpretación de los contratos es que el Gobierno dejó desprotegidos a los colombianos al aceptar cláusulas como la que les compartí arriba. En cualquier caso, en ninguno de los países en que se han filtrado o conocido los contratos las farmacéuticas han dejado de vender. Para ellas esto es -sobre todo- un negocio, y tienen que recuperar su inversión.

¿Por qué cree que se fijó un esquema de confidencialidad si se supone que en pandemia todos deben tener acceso por igual?

Porque las farmacéuticas querían segmentar mercados e impedir que los gobiernos se pusieran de acuerdo, lo cual les permitió imponer precios a su antojo. Abusaron de su poder de mercado, del miedo de la gente y los Estados, y los pusieron de rodillas. Algunos pocos gobiernos, como el argentino, dijeron que empresas como Pfizer habían pedido condiciones contractuales que incluso atentaban contra la soberanía nacional. Acá en Colombia, el gobierno se tragó el sapo y firmó un contrato cuyas cláusulas son ilegales, inconstitucionales y vulneran el derecho fundamental de acceso a la información.

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¿Por el simple hecho de que el Gobierno Nacional haya transferido recursos del Presupuesto para la compra de vacunas no deben ser transparentes y revelar esa información?

¡Claro! Es que el Gobierno dice haber invertido cerca de $5 billones para compra de vacunas. Y ahora resulta que no tenemos derecho a vigilar esos recursos, ni a ver las condiciones de compra, con las implicaciones que puede haber para millones de pacientes. Para la muestra, otra cláusula de uno de los contratos: “b) (el Comprador) Reconoce que acepta que los esfuerzos desplegados por Pfizer, BioNTech y sus afiliadas por desarrollar y fabricar la Vacuna son de naturaleza aspiracional y están sujetos a riesgos significativos e incertidumbres. c) Que, como consecuencia de esos esfuerzos, el Comprador asume integralmente esos riesgos e incertidumbres conforme a las obligaciones de indemnidad de conformidad con la Sección 8.2 del presente Acuerdo. (…) Como representante del Gobierno Colombiano, renuncia expresamente a la inmunidad soberana de acuerdo con la Sección 9.4 del presente Acuerdo.”

¿La libertad de expresión está por encima del derecho a la confidencialidad?

La libertad de expresión (y de acceso a la información) es un derecho fundamental que está protegido en Colombia por la Constitución y las leyes. Si querían sacrificar ese derecho para darle gusto a las farmacéuticas, el gobierno tendría que haber tramitado una ley en tal sentido. Por último, las dos cosas no son incompatibles. La propia ley dice cuándo un documento está protegido por confidencialidad. Pero ninguno de sus requisitos se presentaba en este caso, tal como concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¿Puede haber alguna acción legal por haber revelado el precio de las vacunas?

El Gobierno lo anunció. Si se empeña en ese disparate tendría que iniciar acciones legales contra El Tiempo, CM&, Caracol Radio y todos los demás medios que han y hemos publicado la información sobre los contratos. También tendrían que demostrar algo que les quedará muy difícil: el supuesto daño que ha sufrido por la publicación de los contratos. Por nuestra parte, tenemos la conciencia tranquila y limpia de haber hecho las cosas bien y en atención al interés general.