Queda libre uno de los detenidos por atentado en Centro Andino

Ramírez León había sido detenido en flagrancia y no con orden judicial como las otras personas y, al parecer, tendría relación con la explosión sucedida el 17 de junio, que dejó 3 muertos y 8 heridos. 

La legalización de las capturas se dio a media mañana y los abogados apelaron inmediatamente la decisión, en audiencia que se realizó a puerta cerrada en el Complejo Judicial de Paloquemao. Esta madrugada, sobre las 2:00 A.M., finalizó la legalización de los allanamientos. 

La imputación de cargos se realizará el martes a las 8 de la mañana y allí la Fiscalía anunció que presentará evidencia de "inferencia razonable de responsabilidad que compromete al MRP con el atentado". 

Los peritos investigadores de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín de la Policía Nacional encontraron elementos que vincularían con el atentado al Centro Andino en Bogotá a las nueve personas detenidas este fin de semana. 

En los allanamientos hechos por las autoridades se encontraron múltiples planos que señalarían indicaciones para armar bombas, así como parte de estructuras utilizadas para elaborar artefactos explosivos. 

Las fotografías obtenidas dan cuenta de explosivo tipo anfo, varios elementos utilizados para hacer detonaciones y material relacionado con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. 

Igualmente, se encuentra en el material probatoria una pistola 9 milímetros encontrada a una de las mujeres detenidas, quien negó que el arma fuera suya. 

Se conoció que dos de las personas detenidas se identificaron con cédulas falsas y que los vídeos de las cámaras de seguridad se mantienen cómo reservados, ya que se utilizarán más adelante. 

De hecho, esta sería apenas la primera fase de la investigación, pues faltaría al menos una persona más por ser detenida. 

Hacia las 9:00 P.M. de este domingo, la diligencia judicial en el complejo de Paloquemao seguía a puerta cerrada en la legalización de los doce allanamientos ante el Juzgado 47 de Control de Garantías. 

En la legalización de captura los implicados deberán responder por cargos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, terrorismo, secuestro simple, falsedad en documento público, tráfico, fabricación y porte de armas y, en algunos casos, homicidio agravado y tentativa de homicidio. 

Los detenidos son Boris Ernesto Rojas Quijano, conocido como 'Mao', Lina Vanesa Jiménez, Cesar Andrés Barrera Téllez, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivera, Alejandra Méndez Molano y Natalia Trujillo Novoa. Se ha conocido que tres de estos detenidos, Rodríguez, Bohórquez y Pulido estarían en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía en contra del estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Mateo Gutiérrez León por explosiones sucedidas en 2015 en Bogotá. 

Universidad Nacional pide no estigmatización 

Este lunes, los egresados de Sociología de la Universidad Nacional rechazaron mediante una carta “la forma en la cual la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional vienen estigmatizando y persiguiendo de forma sistemática a personas pertenecientes a universidades públicas, especialmente, a quienes hacen parte de la Universidad”. 

En la misiva, aseguran que la Fiscalía y la Policía han actuado en una cacería de brujas y cuestionaron la rapidez en la respuesta ante este atentado, teniendo en cuenta la lentitud en los procesos investigativos en otros procesos y listaron una serie de hechos que serían “falsos positivos judiciales”, como la detención del profesor Miguel Ángel Beltrán (absuelto por la Corte Suprema), la detención de 13 personas por petardos en sedes de Porvenir en 2015 (quedaron libres) y el proceso que está en marcha contra Mateo Gutiérrez por la detonación de una bomba panfletaria en La Macarena. 

“Como es evidente, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional han emprendido una “Cacería de Brujas” en la búsqueda de los presuntos responsables de estos actos terroristas, dando lugar a injusticias y violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. En este sentido, los hechos señalan una clara persecución política a las disciplinas que propenden por el pensamiento crítico, el trabajo por los derechos y la justicia social. El pensamiento crítico no es terrorismo”, dice la carta. 

La misiva señala que la Universidad no es la “cuna del terrorismo” y que los estudiantes y egresados no pueden ser estigmatizados “arbitrariamente en beneficio de la intransigencia investigativa y judicial que caracteriza a las autoridades estatales”. 

“Los egresados y las egresadas de sociología rechazamos los actos terroristas cometidos el 17 de junio en el Centro Comercial Andino, también expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de este terrible hecho y con sus familiares. Esperamos que los entes encargados de la investigación actúen con responsabilidad y agilidad, que los medios de comunicación respondan de la misma manera y no con la ligereza que ha caracterizado a algunos de ellos”, precisa la misiva.