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Judicial

Rodolfo Hernández y su esposa, imputados por las irregularidades en su campaña

La Fiscalía le imputó cargos al exalcalde de Bucaramanga y a su mujer. El excandidato podría pagar hasta ocho años de cárcel

15 de enero de 2024

Alejandra Rico Muñoz


Rodolfo Hernández
Colprensa
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El viernes se conoció la imputación de cargos al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y a su esposa, Socorro Oliveros, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, incurrieron en el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

A pesar de las pruebas, ninguno se declaró culpable ni aceptó los cargos, no obstante, podrían ser llevados a juicio y de ser declarados culpables, recibirían una pena que oscila entre los cuatro y los ocho años de prisión.

Hernández, según el ente investigador, no podía invertir dinero en su propia campaña, puesto que estaba siendo procesado por el escándalo de corrupción de Vitalogic y la red de aseo de Bucaramanga. Este hecho le costó a Hernández una inhabilidad de 12 años. Mientras tanto su esposa, como gerente de su campaña, tenía prohibido aceptarlo.

Este ultimo caso se remonta a cuando Rodolfo Hernández se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga. Según los indicios de la investigación, el entonces alcalde de la ciudad se reunió con el ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón, para pactar la adjudicación del contrato a la empresa Vitalogic para la supuesta construcción de una planta de transformación de residuos sólidos por energía.

Aparentemente, la adjudicación del contrato con esta empresa buscaba beneficiar al hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández, que habría pactado una millonaria comisión si Vitalogic obtenía el contrato (US$666.000). Con estas actuaciones, se presionó al director de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para omitir las reglas de contratación y el manual para lograr la formalización del negocio de basuras.

En su momento, la Procuraduría calificó dos conductas a título de dolo, la primera relacionada al interés indebido en la celebración de contratos como gravísima y la segunda por coacción al director de la Empresa de Aseo de Bucaramanga como grave.

La consecuencia de la inhabilidad fue la muerte de las aspiraciones políticas de Hernández por su edad y la inhabilidad que le fue impuesta.

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