Sanciones sumaron $97.000 millones por deficiencia en prestación de servicios públicos

A finales de abril, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregó un reporte de los logros obtenidos en materia de control a las empresas prestadoras de servicios.

La entidad aseguró que se fortalecieron los mecanismos para la protección de los usuarios ante el cobro de tarifas arbitrarias y servicios deficientes. En ese sentido, se anunció la imposición de multas por más de $97.000 millones en el año 2020 para 208 empresas; esta cifra es resultado de investigaciones concluidas que corresponden a los años 2017 y 2019.

La rendición de cuentas de la Superservicios también arrojó que se ordenó la devolución de $73.000 millones a usuarios por cobros no autorizados y no ejecución de inversiones por parte de prestadores de servicios. Cobros no autorizados, fallas en la medición del consumo, deficiencias en reportes de información hacen parte de las fallas de las empresas regidas por la regulación vigentes.

Del monto total de sanciones, la entidad afirmó que $37.825 millones corresponden a multas emitidas en firme; por otro lado, hay $58.000 millones relacionados con sanciones que están en etapa de revisión de recursos de reposición.

Al respecto, la superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, aseguró que “durante 2020, en medio de las dificultades por la pandemia, trabajamos más fuerte para cumplirle a los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de los alivios definidos por el Gobierno Nacional para que las empresas garanticen el suministro de agua potable y energía a los más afectados”.

Las acciones sancionatorias fueron divididas en 116 empresas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo, además de 92 compañías de energía y gas combustible.

Acueducto y alcantarillado

La labor de la Superservicios se concentró en generar sanciones económicas a las empresas del rubro de acueducto y alcantarillado que no cumplen con los requisitos como prestadores del servicio. Por esta razón, la entidad anunció que un total de 54 empresas tienen multas firmes por $5.000 millones, ademas de otras 62 organizaciones prestadoras del servicio que fueron sancionadas con $20.000 millones; no obstante, estos procesos todavía están en etapa de revisión.

Las sanciones estuvieron basadas en la baja calidad del agua, razón por la que 35 prestadores del servicio de acueducto adicionales también deberán asumir una multa de $794 millones por no suministrar agua apta para el consumo humano.

Empresas responsables

En el sector de acueducto y alcantarillado se contabilizaron seis empresas responsables por fallas en la prestación del servicio, en la medición del consumo y en el incumplimiento de las de las normas técnicas. De esta manera, la Superservicios informó sobre las siguientes organizaciones sancionadas: 1. Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta-Metroagua ($2.494 millones); 2. Buenaventura Medio Ambiente ($598 millones); 3. Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario ($272 millones; 4. Empresas Públicas Municipales de Tierralta ($186 millones); 5. Empresa Regional de Aguas del Tequendama ($186 millones); 6. la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ($132 millones).

Prestadores de energía y gas

Las investigaciones de la entidad arrojaron que el sector de energía y gas combustible dejó como resultado sanciones a 69 empresas, que deberán asumir multas por $32.825 millones.

En el sector, se encontraron diferentes irregularidades relacionadas con la prestación del servicio, pues hubo fallas y deficiencias en los reportes al llamado Sistema Único de Información (SUI).

Hubo, además, incumplimiento en la regulación de la facturación del servicio de energía y poco mantenimiento de los gasoductos.

Empresas responsables

En el sector, la empresa que acumuló un mayor número de multas fue Electricaribe, la cual sumó un total de $6.729 millones de sanción relacionados con una deficiente prestación del servicio de energía. Seguido a esta compañía hay seis prestadores más sancionados por $1.656 millones, entre los cuales están Empresas Públicas de Medellín; Electrificadora del Huila; Ecopetrol y Reficar; Codensa; Compañía Energética del Tolima; y Alcanos de Colombia.

Para el abogado Daniel Prada, la pandemia pudo generar confusión en las empresas que devinieron en errores de facturación, así como cortes de los servicios. “Las personas que se ven afectadas pueden iniciar una acción de tutela para hacer valer estos derechos que están elevados, incluso, a la categoría de derechos constitucionales. Respecto a la defensa de los usuarios, Avendaño agregó que se crearon nuevas direcciones territoriales.

“Con estas dependencias fortalecemos la capacidad de atención al ciudadano para resolver sus reclamaciones; y complementar la vigilancia, inspección y control a los prestadores en las regiones”, dijo.